Natixis debe mostrar este lunes ante el juzgado de lo mercantil número uno de Madrid los detalles de su contrato de derivados con ACS a través de los cuales la constructora controla cerca de un 5% de Iberdrola, después de que el magistrado Carlos Nieto desestimara los argumentos con los que el banco francés intentó evitar esta exhibición.

Para Iberdrola, el contenido de estos contratos supone una pieza clave para saber si ACS contabilizó correctamente su participación en la eléctrica durante 2009 y si el grupo constructor tiene algún pacto parasocial con Natixis para ganar influencia dentro de la participada.

A mediados de enero, el juez consideró justificado este interés de Iberdrola por conocer el contenido de los 'equity swap' y, en un auto ante el que no cabe recurso, rechazó los argumentos esgrimidos por Natixis, entre ellos el de que el contrato había sido firmado por su filial Nexgen o el de que la eléctrica ya dispone de información suficiente.

La exhibición de este lunes cierra una de las diligencias previas dentro del litigio en el que Iberdrola impugna las cuentas de 2009 de ACS, al considerar que contabilizó erróneamente sus resultados. El juicio para resolver esta cuestión se celebrará el 5 de abril.

Pérdida de valor.

Como parte del litigio, Iberdrola solicitó el contenido de los 'equity swaps' entre ACS y Natixis porque en los mismos podría apreciarse una posible pérdida de valor contable de la participación de la constructora en la eléctrica incorrectamente contabilizada.

ACS, que cuenta en la actualidad con una participación del 20,2% en Iberdrola, tenía en 2009, periodo al que se refiere el litigio, un 4,8% de la eléctrica a través de los derivados de Natixis. La pérdida de valor de la participación, sostiene Iberdrola, tiene un impacto negativo de más de 300 millones sobre las cuentas de ACS, que no ha sido contabilizada correctamente.

Pacto parasocial.

Para Iberdrola, en los 'equity swaps' podría apreciarse además un supuesto pacto parasocial "oculto" entre ACS y Natixis para ceder a la constructora los derechos políticos de sus derivados en la eléctrica y situarse en una posición de "abuso de poder" contraria a la legislación y a la normativa de la propia compañía participada.

Iberdrola sostiene que habitualmente puede conocerse el contenido de los contratos de derivados y que, si en este caso no es así, es porque quizá Natixis ha cedido "a cambio de una prima" a ACS los derechos políticos de su posición en la eléctrica, lo que, de comprobarse, supondría un "pacto parasocial oculto" y sería objeto de denuncia.