La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga (Málaga), Irene Urbón, que investiga el caso 'Arcos', contra la presunta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Alcaucín, ha denegado ampliar a 6.000 euros el dinero mensual concedido al exalcalde de dicho municipio José Manuel Martín Alba para hacer frente a sus gastos.

En una carta, remitida en octubre de 2010 directamente por el exregidor e incluida en el sumario del caso, éste explica que desde marzo de 2009, tras su imputación, se le autorizó el pago de los recibos domiciliados y disponer de fondos de una cuenta hasta el límite de 2.000 euros, pero señala que tiene "grandes dificultades" económicas.

En la misiva, a la que tuvo acceso Europa Press, indica que está en paro "y no dispongo de otros recursos que los que tengo en mi cuenta", por lo que, después de pagar todos los recibos y los gastos cotidianos de la casa, "no podemos pagar los honorarios a los abogados y procuradores", a los que sí ha ido dando "algún dinero" periódicamente.

También hace referencia a la situación de sus dos hijas, que se encuentran imputadas en esta causa, en concreto a la de una de ellas, a la que se le incautó dinero que tenía en su vivienda, el cual ahora solicita le sea reingresado, al menos parte, para "poder seguir subsistiendo".

Por todo esto, el exalcalde, que fue detenido en febrero de 2009, insta a la instructora a que levante la intervención que pesa sobre su cuenta para disponer de saldo "para cubrir los gastos antes mencionados" o, por el contrario, "disponer todos los meses de al menos 6.000 euros".

A esta petición, la jueza responde, a través de un auto, que la cantidad fijada en su momento respecto del exregidor "se estima suficiente para atender las necesidades del imputado y de su familia", precisando que sus hijas están independizadas y perciben una prestación por desempleo.

En dicha resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, la instructora señala que no se ha justificado que el abogado "esté exigiéndole unos honorarios mensuales que no pueda afrontar", por lo que acuerda mantener la cantidad fijada en la providencia dictada en marzo de 2009.