La Guardia Civil interroga al último de los casi 80 controladores que han declarado y remitirá su informe a la Fiscalía

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha interrogado este jueves al último de los cerca de 80 controladores que en Baleares han acudido a declarar desde el pasado 10 de enero a dependencias del Instituto Armado con motivo de la huelga encubierta de los pasados 3 y 4 de diciembre, que provocó el cierre del espacio aéreo español.

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha interrogado este jueves al último de los cerca de 80 controladores que en Baleares han acudido a declarar desde el pasado 10 de enero a dependencias del Instituto Armado con motivo de la huelga encubierta de los pasados 3 y 4 de diciembre, que provocó el cierre del espacio aéreo español.

Se da la circunstancias de que la mayoría de ellos lo han hecho en calidad de testigos, de modo que no han podido acogerse a su derecho a no declarar como han hecho todos los que han comparecido como imputados, tal y como han informado fuentes de la Benemérita a Europa Press.

Una vez finalizadas las deposiciones, será previsiblemente la próxima semana cuando la Guardia Civil, que ha llevado a cabo los interrogatorios a instancias de la Fiscalía de Baleares, remita al Ministerio Público un informe que reúna los datos recabados de las declaraciones para posteriormente analizar la gravedad de los hechos imputados y continuar o no con las diligencias.

En este sentido y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 773-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si una vez practicadas las diligencias acordadas se incoa un procedimiento judicial, la Fiscalía remitirá las actuaciones al juzgado y cesará en sus diligencias.

Cabe recordar que el Ministerio Fiscal incoó diligencias de investigación penal dirigidas a averiguar si las bajas masivas registradas en los aeropuertos de Palma, Maó e Ibiza fuesen constitutivas de un delito de sedición, previsto y penado en el artículo 20 de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964.

Así las cosas, si se demuestra la comisión de un delito de sedición, éste podría comportar, en su modalidad más grave, penas de hasta seis años de prisión, tal y como han recordado las mismas fuentes.

Por su parte, fuentes de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) critican que algunos de los controladores que han comparecido ante la Policía Judicial se han visto obligados a declarar al verse modificada su condición de imputados a testigos, por lo que han tenido que narrar lo sucedido.

Desde USCA lamentan así este "cambio poco serio" que ha afectado a unos dos o tres controladores al día de los cinco que normalmente han acudido a declarar. En este sentido, han manifestado "lo que pasó", esto es, "algunos de los episodios de ansiedad que tuvieron lugar en la torre de control de Palma", según recalcan desde la entidad sindical.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento