El director general de Calidad y Equidad Educativa y Calidad Educativa de la Junta de Extremadura, Antonio Tejero, ha explicado que la Administración regional trata de dar la "mejor y más adecuada" escolarización a "tres" niños con discapacidad cuyos familias se niegan a llevarlos a un centro específico.

Tejero ha explicado en la Comisión de Educación de la Asamblea de Extremadura que la matriculación de este tipo de alumnos en centros especiales la propone un dictamen de escolarización al considerar que dicho centro tiene los recursos "imprescindibles" y las propuestas "más adecuadas" para estos casos.

El diputado del PP en el parlamento extremeño César Díez Solís ha criticado la "falta" de medios que, a su juicio, existe en Extremadura para atender a alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios y ha reclamado la creación de aulas sustitutorias para estos casos.

Díez Solís ha preguntado en la comisión parlamentaria sobre la solución que va a dar la Junta de Extremadura a los padres de alumnos que están sin escolarizar en etapas obligatorias y se ha referido en concreto a "tres" casos en los que lo padres se niegan a llevar a sus hijos a un centro de educación especial.

Tejero ha respondido que en los casos apuntados por Solís, la Junta ha actuado velando en todo momento por la "mejor y más adecuada" escolarización de los menores e información a las familias. Ha explicado que cuando este alumnado pasa a la escolarización obligatoria se realiza la revisión del informe psicopedagógico y, a la luz de los datos que hace esa evaluación, se elabora un dictamen de escolarización por parte de profesionales competentes.

Dicho dictamen es el que "propone la escolarización en la modalidad de centro de educación especial por considerar que esta es la más adecuada a las necesidades y características de este alumnado por contar los centros con los recursos imprescindibles y con el entorno de enseñanza y aprendizaje más adecuado para dar una respuesta a este alumnado con graves dificultades derivadas de sus discapacidades".

Estas tres familias, ha añadido Tejero, "por causas distintas" han mostrado su disposición "contraria" a la escolarización de estos menores con discapacidad en centros específicos "a pesar del informe del dictamen de los profesionales competentes".

El diputado del PP ha criticado la "pasividad" e "irresponsabilidad" de la Junta ante la existencia de alumnos en etapas obligatorias que no están escolarizados porque "se les impide" ir al "mismo" colegio que sus compañeros al "empecinarse" la Administración regional en que se escolaricen en centros de educación especial.

Solís ha reclamado "alternativas diferentes" para estos casos como la creación de aulas sustitutorias en centros ordinarios ya que, según ha apuntado, los informes sobre estos casos "abren la posibilidad" de que el alumno en cuestión se escolarice en un centro específico o asista a las clases en un aula sustitutoria.

Según el 'popular' existe una "clamorosa falta de medios" para dar respuesta a estos casos y ha señalado que Extremadura "puede ser" la "única" comunidad autónoma española en la que hay tres alumnos en etapas obligatorias sin escolarizar.

Derecho a la escolarización

Por su parte, el director general ha recalcado que la Administración regional "no escolariza" a un alumno en este tipo de centros "mediante una resolución" sino como consecuencia de este tipo de dictámenes. A su vez, ha destacado que "el derecho a la escolarización de un niño o niña no puede ser coartado por sus padres" y que el derecho de elección de centros "en ningún caso" es un derecho ilimitado.

"Nos encontramos ante casos de alumnos sin escolarizar por decisión unilateral de sus padres", ha dicho Tejero, quien añade que la Junta ha puesto en marcha el protocolo que fija las normas para prevenir el absentismo escolar, que es "la normativa que corresponde" ante estas circunstancias.

"No hay un solo caso en nuestra comunidad autónoma en el que la no escolarización de alumnos sea imputable a la Administración", ha señalado Antonio Tejero.

Además, ha destacado que en Extremadura ocho de cada diez alumnos con necesidades educativas especiales están matriculados en centros ordinarios. También ha recalcado que los recursos humanos de perfil educativo establecidos por la Administración para atender al alumnado con necesidades educativas especiales se sitúa en torno a 1.700 profesionales destinados en centros públicos y "más del 80 por ciento" están en centro ordinarios puesto que ahí se encuentran escolarizados el "mayor número" de alumnos con necesidades educativas especiales.

Estos datos, ha añadido Tejero, sirven para "acreditar" que la Junta apuesta por la "inclusión", pero "de forma efectiva" y "no inclusión de forma física o de forma situacional".

Finalmente, el director general se ha preguntado si el PP está "en contra" de los centros de educación especial y ha remarcado que un aula sustitutoria es "proponer un aula en un centro ordinario que sustituya al centro especial pero sin los recursos que tienen estos centros".

Parques infantiles

Por otro lado, en la Comisión de Educación en la Asamblea de Extremadura, el diputado del PP César Díez Solís ha formulado otra preguntada sobre cómo va a solventar la Junta el "supuesto incumplimiento" en la contrata de 56 parques infantiles para los colegios extremeños.

El parlamentario 'popular' ha explicado que la Consejería de Educación resolvió hace ya diez meses adjudicar definitivamente la contratación del suministro de equipamiento de parques infantiles por importe de 730.000 euros y con destino a 56 colegios de 40 localidades.

Sin embargo, "un año después, en algunos casos no tienen instalados estos parques, en otros solo existe una plataforma de cemento, y otros centros sí están instalados pero se prohíbe su utilización, por lo que se ha colocado un precinto vallado para que los niños no lo utilicen", ha añadido.

Para Solís, se trata de "un nuevo caso de caos administrativo" consecuencia de la "ineficacia e ineptitud" de la consejería y ha preguntado "quién se hace responsable" de lo ocurrido y "qué medidas" se han adoptado desde la Junta ante esta situación.

La secretaria general de la Consejería de Educación, Elisa Cortés, ha respondido que la Junta ha procedido a la resolución del contrato con la empresa adjudicataria, la cual "se ha opuesto", por lo que la Administración regional está "pendiente" del dictamen del Consejo Consultivo la región. Además, Cortés ha señalado que la consejería está utilizando "toda la legalidad vigente y medidas de seguridad" para que "no haya ningún problema en los colegios públicos donde se iban a instalar estos parques".

En cuanto a la adjudicación, la secretaria general ha asegurado que "ha sido correcta" pero "hay una empresa que no ha hecho las cuestiones correctamente". La Administración regional dio una prórroga con penalidades para instar a la empresa a esa ejecución pero como "no lo ha conseguido" ha procedido a "resolver el contrato".

El diputado del PP ha asegurado que esos juegos infantiles están siendo utilizados en "algunos" centros que, "en algunos casos, con cargo a sus presupuestos", se han hecho cargo del remate de la obra. La secretaria general ha dicho a este respecto que desde la Administración se indicó a los centros que estos parques infantiles "no" pueden utilizarse y "no hay ningún permiso" para ello.

Díez Solís ha dicho en su intervención que la consejería debería haber "extremado el celo" para "comprobar" que las empresas licitadoras cumplen "rigurosamente" los requisitos, a lo que Elisa Cortés ha respondido que la mesa de contratación "revisó la documentación de esa empresa" y "la solvencia quedó acreditada".