La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha ordenado este miércoles paralizar la expulsión de España de 17 saharauis que llegaron en patera a Fuerteventura el pasado 5 de enero hasta que resuelva el recurso que interpusieron contra la decisión del Gobierno de devolverlos a su lugar de origen.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) había denunciado que "previsiblemente se está preparando" la expulsión de los saharauis, ya que en las últimas horas han sido trasladados desde Fuerteventura a Gran Canaria.

En su resolución, el tribunal ordena comunicar "telefónicamente y por fax" su decisión a la Administración "a los efectos de que se suspenda de inmediato cualquier actividad material de ejecución de la expulsión".

Los extranjeros habían sido trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Las Palmas, para ser expulsados a Marruecos este miércoles, dado que el Gobierno les ha denegado la protección y la Audiencia Nacional, por un defecto de forma, aún no se había pronunciado sobre el recurso presentado.

El portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, explicó que suorganización presentó un recurso el pasado viernes contra la denegación de asilo a estas 17 personas y solicitando la adopción de una medida cautelar que impidiera su expulsión en tanto se resolvía la admisión a trámite del mismo.

Sin embargo, la Audiencia Nacional no pudo resolver el pasado viernes porque dado que los extranjeros estaban en un CIE, no había procurador para llevar su caso, un "defecto de forma" que ha retrasado el proceso, porque la ONG ha tenido que solicitar para ellos justicia gratuita.

Según explicó Valiente, la nueva Ley de Asilo y Protección Subsidiaria impide la ejecución de la expulsión de un solicitante de asilo mientras se dirime la admisión a trámite del recurso presentado ante los tribunales. El portavoz de CEAR defiende que como la Audiencia Nacional no se ha pronunciado aún en ningún sentido, los saharauis no pueden ser expulsados de momento.

Por eso, atribuía al "desconocimiento de la nueva norma" que las fuerzas policiales hubieran comenzado con el proceso de expulsión y trasladado a Las Palmas a estas 17 personas.

El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se refirió a este tema en el Congreso donde recordó que ser saharaui no es condición suficiente para ser aceptado como asilado político y ha recordado que el Ejecutivo ha aceptado tramitar 5 de las 22 peticiones de asilo de inmigrantes llegados a Fuerteventura.

Así ha respondido Zapatero a al portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, en la sesión de control al Gobierno del pleno de la Cámara Baja, la primera de este año.

Erkoreka preguntó sobre las razones que han llevado al Ejecutivo a rechazar 17 de las 22 peticiones, pidió a Zapatero que se analice cada caso de manera individual y reclamó que no se expulse a ninguno de esos inmigrantes de España hasta que haya una resolución judicial firme.

Zapatero, por su parte, le recordó que la oficina de asilo actúa con respeto a lo que marca ley, analizando cada caso de manera individual y no colectivamente, lo que ha conducido a que se hayan rechazado 17 de las 22 peticiones, en las que no se ha podido acreditar la existencia de una persecución individual.