La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino han ratificado poner en marcha el programa de reforestación de tierras agrarias incluido en el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG). El consejero del ramo, José Luis Guijarro, ha calculado que se podrán reforestar unas 7.000 hectáreas de tierras agrarias.

En rueda de prensa antes de reunirse el Consejo de Administración del Consorcio para la gestión del PEAG, el consejero, junto al secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, ha explicado que dicho programa prevé reforestar aquellas tierras que pertenecen a los agricultores que han vendido sus derechos de agua a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

Será el Ministerio quien se encargará de ejecutar los trabajos de reforestación y de pagar la prima compensatoria al agricultor propietario de esas tierras por un importe de 600 euros por hectárea durante 20 años. El consejero ha estimado que habrá que destinar unos 4 millones de euros todos los años a pagar esa prima compensatoria durante los 20 años que contempla el PEAG.

Por su parte, la Consejería llevará a cabo las tareas de dirección de las obras y de coordinación administrativa con el Ministerio y la CHG para llevar a "buen fin" este programa de reforestación.

Orden del día

Otro de los temas que verá el Consejo de Administración del Consorcio del PEAG serán los presupuestos para 2011. Asimismo, el orden del día incorpora un convenio entre la Consejería y el Consorcio para la gestión del PEAG que permitirá llevar a cabo actuaciones de gestión de la Reserva de la Biosfera Mancha Húmeda.

También se dará cuenta a los miembros del Consejo de Administración del trabajo llevado a cabo por el Consorcio en el proceso de regularización de pozos. Según ha dicho el consejero, el Consorcio ha dado luz verde a 4.100 expedientes de cultivos leñosos, en los que se ven implicados unas 20.000 hectáreas, básicamente de viñedo. Esto supondrá asignación en su momento de derechos por algo más de 14 hectómetros cúbicos de agua.

Dicho esto, el consejero ha informado de que se está empezando a trabajar en lo referente al proceso de regularización de los expedientes de las explotaciones prioritarias. En este sentido, se han tramitado 2.600 solicitudes, de las cuales 1.925 son expedientes positivos. De estas 1.925, aproximadamente el 25% hacen petición de agua por menos de 10 hectáreas, el 40% entre 10 y 25 hectáreas, y algo más del 30% más de 25 hectáreas.

Según ha manifestado el consejero, "en función del agua que nos queda disponible creemos que podemos llegar a atender las solicitudes de los expedientes que tienen menos de 25 hectáreas". La Consejería quiere culminar este proceso antes de que llegue la nueva temporada de regadíos el próximo verano.

En total serán casi 6.700 agricultores de la región que verán culminado todo este proceso de regularización que se inició hace dos años por parte del Consorcio del PEAG.

PUXEU

Por su parte, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua calificado de "ordinario y muy normal" el encuentro del Consejo de Administración que se celebra en Toledo, sobre todo después de una situación de "complejidad" como fue la situación del Acuífero 23 y el incendio de turbas que padeció el Parque de las Tablas de Daimiel.

Así, ha subrayado el nivel de recuperación "importante" que ha conseguido el Acuífero durante los últimos quince meses gracias ha dicho a las circunstancias climatológicas y el esfuerzo de las autoridades competentes.

Asimismo, ha afirmado que "todos coincidimos" en mantener todo el "rigor posible" para que el Alto Guadiana sea un espacio que "solo genere satisfacciones y buenos resultados y salga de las noticias por situaciones de sobreexplotaciones".

Finalmente, ha aprovechado este marco para adelantar que el Ministerio está a punto de adjudicar a finales del mes de abril o principios de mayo un ramal importante de la Tubería de la Llanura Manchega. Puxeu ha apuntado que el Gobierno no va a parar de actuar de una forma global a pesar de la situación de ajuste a la que las administraciones están obligadas.