Migoya dice que la detención de Riopedre es un paso más en el proceso abierto contra la funcionaria Marta Renedo

La portavoz del Ejecutivo elude hacer un análisis político de la detención del ex consejero
La Consejera de Administraciones públicas y portavoz del Gobierno del Principado
La Consejera de Administraciones públicas y portavoz del Gobierno del Principado
EP

La consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado, Ana Rosa Migoya, ha manifestado este martes que la detención del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre es "un paso más en el procedimiento judicial abierto contra la funcionaria Marta Renedo tras la denuncia presentada por el propio gobierno en febrero de 2010".

La portavoz del Gobierno aseguró que "confían en la Justicia y en el Estado de Derecho" y añadió que en dicho Estado de Derecho los inocentes podrán demostrarlo y los culpables deberán pagar por ello. De este modo Migoya eludió valorar la posible implicación en el proceso de José Luis Iglesias Riopedre, aunque negó de manera rotunda que su marcha del Ejecutivo, el pasado verano, estuviese ligada a dicha investigación.

Migoya ofreció una rueda de prensa para hablar sobre las detenciones llevadas a cabo ayer por la Policía Judicial del ex consejero de Educación, la exdirectora de Planificación, Centros e Infrestructura del Gobierno del Principado, María Jesús Otero; la funcionaria del Principado de Asturias, Marta Renedo y los empresarios Victor Manuel Muñiz Menéndez, de la empresa Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, de Almacenes Pumarín. Los delitos que se están investigando son prevaricación; cohecho; malversación de caudales públicos; tráfico de influencias; negociaciones prohibidas a funcionarios; fraude y exacciones ilegales y blanqueo de capitales, según el TSJA.

"El Gobierno y la Administración de Justicia colaboran eficazmente cada uno en su papel para depurar las responsabilidades que puedan producirse", dijo Migoya, que insistió en que fue el Ejecutivo quien denunció el caso de irregularidades una vez detectado y se destituyó de manera fulminante a la funcionaria implicada y ahora detenida, Marta Renedo.

La consejera insistió en que desde el día de la denuncia el Gobierno ha colaborado intensamente con la justicia para facilitar su labor y añadió que así lo seguirán haciendo. Recordó además que el Ejecutivo está personado como acusación en el caso para defender los intereses del Principado.

Durante la rueda de prensa Migoya reiteró en diversas ocasiones que el Ejecutivo confía en la justicia y añadió que las personas que traicionan la confianza que las Administraciones depositaban en ellas deben afrontar las consecuencias y asumir las responsabilidades derivadas de la misma.

"Creo que es fundamental destacar la actuación inmediata y contundente del gobierno en el caso de la funcionaria; la colaboración con la justicia y el respeto por las decisiones judiciales y la personación como acusación particular del gobierno en el caso", dijo Migoya.

Preguntada por la vinculación de la denuncia contra la funcionaria con la detención del ex consejero, Migoya indicó que el Ejecutivo denunció las irregularidades que detectó. "No puedo responder a esa pregunta, en primer lugar por desconocimiento del detalle de la cuestión, nosotros conocemos lo que denunciamos, pero ahora además hay un secreto de sumario", dijo Migoya, que insistió en el respeto a las decisiones de la Administración de Justicia.

Valoración política.

La portavoz del Ejecutivo asturiano tampoco quiso hacer una valoración política de la detención de José Luis Iglesias Riopedre e insistió en que "no conocen el alcance de la investigación". "Confiamos plenamente en el Estado de Derecho y lo que queremos es que se esclarezcan los hechos", dijo Migoya.

"La Administración de Justicia debe hacer su trabajo y confiamos plenamente en su eficacia. Los inocentes podrán demostrar su inocencia y los culpables deberán pagar por las responsabilidades", dijo Migoya, que negó de manera rotunda que la dimisión de Riopedre haya estado ligada a la investigación.

Así, preguntada si "pondría la mano en el fuego por el ex consejero", la portavoz del Gobierno aseguró que "esa pregunta no procede porque el Gobierno respeta las actuaciones de la Administración de justicia y quienes son inocentes podrán demostrarlo".

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