La Consellería de Medio Rural remitirá antes del próximo viernes al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) un documento que integre las distintas alegaciones de los sindicatos agrarios gallegos —Unións Agrarias (UU.AA.), Xóvenes Agricultores (XX.AA.) y Sindicato Labrego Galego (SLG)— al borrador del decreto sobre la obligación de utilizar contratos homologados en el sector lácteo.

Así lo han acordado ambas partes en una reunión celebrada este lunes en el complejo administrativo de San Caetano entre el director xeral de Produción Agropecuaria, José Álvarez Robledo y los responsables de las tres organizaciones. Los participantes en el encuentro han coincidido en la "importancia" de que la Comunidad Autónoma, "con peso específico" en el sector de la producción láctea, "tenga voz propia" en Madrid.

Por ello, entre la tarde del lunes y la jornada del martes, UU.AA., XX.AA. y SLG harán llegar sus propuestas a la consellería, con el objetivo de que esta elabore un documento conjunto que incluirá, eso sí, reivindicaciones comunes y otras particulares de cada una de las centrales.

Además, sindicatos, productores e industrias tendrán la oportunidad de avanzar en el desarrollo de un sistema de actualización de precios el miércoles, en una nueva convocatoria de la Interprofesional Láctea (Inlac), que encargó dos trabajos sobre el tema a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y a la Universidad Carlos III de Madrid.

"solución" para el periodo transitorio

En declaraciones a Europa Press, el secretario xeral de UU.AA., Roberto García, ha llamado la atención sobre el "paso adelante" que, a su juicio, da el texto del ministerio, al apostar por la "transparencia" en lo que respecta a la formación de precios, ya que "quita" a las industrias el derecho a decidir a quién recoge la leche y otorga a los productores la capacidad de organizarse para negociar.

En todo caso, ha urgido una "solución" para el periodo transitorio que se abrirá el 1 de abril, ya que el decreto establece un plazo de seis meses hasta la obligatoriedad de firmar contratos. "No podemos esperar a después del verano", ha advertido, para pedir medidas frente a la entrada de producto de otros países a precios más bajos y ante los comportamientos de las cadenas de distribución.

Comisión informativa "a priori"

Por su parte, el secretario xeral de XX.AA., Francisco Bello, ha explicado a Europa Press que una de las discrepancias que existe en el seno de la Inlac se refiere a las funciones que se pretende atribuir a las organizaciones de productores, ya que algunas cooperativas creen que deben ser estas las que comercialicen "directamente" la leche, según ha indicado. "Nosotros decimos que no es necesario", ha destacado.

Por contra, uno de los puntos sobre los que existe consenso es sobre la "necesidad" de establecer una comisión que, "a priori", le ofrezca al ganadero toda la información sobre las fábricas con las que puede desarrollar su negocio. Funcionaría de manera similar a la de seguimiento, cuya creación sí prevé el decreto del ministerio, como ha apuntado Bello.

"oportunidad política" ante europa

Por último, el SLG, en un comunicado, ha proclamado que "sigue defendiendo la necesidad" de que los contratos homologados partan de la base de un precio que cubra los costes de producción, con el objetivo de "dejar una remuneración digna por el trabajo en las explotaciones".

Su secretaria xeral, Carme Freire, ha reiterado su oposición a aprobarlos "sin garantía ninguna para el sector productor" y, además, con carácter obligatorio, puesto que supone, según ha constatado en la reunión de este lunes, "un error histórico y una nueva extorsión" para los ganaderos.

En este sentido, ha apuntado a la "oportunidad política" para defender en los organismos europeos "la necesidad de un poder negociador real". De no ser así, "se van a continuar imponiendo precios", ha concluido.