La FABZ presenta alegaciones al proyecto de Ordenanza Municipal de Intervención Urbanística

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha presentado alegaciones al proyecto de Ordenanza Municipal de Intervención Urbanística, sometido a información pública.

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha presentado alegaciones al proyecto de Ordenanza Municipal de Intervención Urbanística, sometido a información pública.

Entre otros aspectos, la FABZ plantea que la privatización de la Inspección técnica de actividades, regulada en los artículos 59 y siguientes, supone una "delegación de las funciones de inspección en el propio inspeccionado, que es quien va costear el informe, lo que perjudicará a aquellos ciudadanos que desarrollen las actividades más modestas, como el pequeño comercio, al incrementar los costes del ejercicio de tales actividades, muchas de las cuales se encuentran en el límite de lo rentable para sus dueños", advierte la FABZ.

Desde la FABZ proponen la supresión de los artículos 22 y 23 de la Ordenanza que prevén la posibilidad de que el Ayuntamiento delegue en Colegios profesionales o entidades cualificadas el ejercicio de control de legalidad de licencias solicitadas.

Esta alegación la argumentan al apreciar que "lejos de simplificar los trámites, la externalización del denominado Informe de Idoneidad y Calidad Documental no será más que una rémora innecesaria, además de suponer un peligro la circulación incontrolada de datos de carácter personal y de expedientes administrativos a los que sólo deberían tener acceso la Administración municipal actuante y el interesado en cuestión".

Asimismo, la Federación de Barrios de Zaragoza propone que las inspecciones de actividad sean efectuadas en todo caso por personal de la Administración.

Para la FABZ el proyecto municipal supone la "privatización" del control de legalidad de las actividades y resumen que es un sistema "con escasas garantías de objetividad puesto que será el controlado quien elija y pague al controlador".

Además para los pequeños comerciantes, ha detectado que supone una "obligación económica que en estos tiempos de crisis ha de resultar mucho más perjudicial para ellos".

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