El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha asegurado que la nueva Ley del Agua —que el Gobierno quiere aprobar en las Cortes regionales y elevar al Congreso— es "la última oportunidad" del Partido Popular para colaborar con el Ejecutivo de Castilla-La Mancha en materia hidrológica, ya que es una ley "fundamental" para los intereses de la región tras el fallido Estatuto de Autonomía.

Así lo ha indicado el consejero en rueda de prensa, en la que ha resaltado que la nueva ley "no parte de cero", puesto que la reivindicaciones de Castilla-La Mancha en materia del agua "cada vez se conocen mejor" en el resto de España.

La finalidad de la ley, ha recordado, es garantizar el derecho a utilizar y disfrutar de los recursos hídricos de la región y del desarrollo económico que éstos permitan "de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente".

El documento será remitido al Grupo Socialista en las Cortes —que la tramitará como proposición de ley— con el fin de que se apruebe antes de que finalice el período de sesiones "con el máximo consenso", puesto que "no es una ley de unos contra otros, sino para defender el agua para todos".

Puesto que regula competencias estatales, Sánchez Pingarrón ha explicado que la normativa será enviada posteriormente al Congreso de los Diputados, y ha resaltado, a preguntas de los medios, que el documento no tendrá ningún concepto que podría considerarse de no constitucionalidad como la caducidad del trasvase recogida en el Estatuto de Autonomía.

En ese sentido, Sánchez Pingarrón ha señalado que la ley será apoyada por el Gobierno central, según lo expresado por la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y el secretario de Medio Ambiente y Agua, Josep Puxeu, quienes "no pusieron ningún problema" en sus reuniones con el presidente de la Junta, José María Barreda.

En respuesta a los periodistas, Sánchez Pingarrón ha afirmado que la ley es "coordinable" dentro de un plan nacional del agua, y ha asegurado que desde Castilla-La Mancha "siempre hemos defendido que haya un pacto nacional del agua", así como que "siempre hemos sido los primeros en decir que sería bueno para España que hubiera una posición común de todos los partidos en el asunto del agua".

"Es una ley que no trata de quitar nada a nadie sino de defender el agua para todos y también para Castilla-La Mancha, no queremos el agua del Tajo para Castilla-La Mancha, queremos el agua para los municipios y ciudades que forman parte de la cuenca de ese río", ha apostillado, al tiempo que ha defendido que haya "agua para todos pero no agua para todo".

Desarrollo de la ley

La ley, ha afirmado Sánchez Pingarrón, desarrolla "mucho más" preceptos del Plan Hidrológico Nacional (PHN), como la sustitución de los caudales por los recurso propios de la cuenca a la que se cede el agua. Así, antes de hacer cualquier trasvase deben descontarse los recursos de las plantas de desalinización, por lo que se establece que las cuencas beneficiarias "dejen de pedir" el agua del Tajo y utilicen los recursos propios, para un uso "más eficiente y equilibrado".

Sobre esto, el consejero se ha referido al hecho de que la Mancomunidad del río Taibilla, en Valencia, haya cerrado dos plantas desaladoras por tener los embalses llenos, cuando disponen, además, de recursos de los del propio río Taibilla y del trasvase, y ha asegurado que "si la ley estuviese en vigor diría que no es posible esta noticia.

La nueva Ley del Agua contiene todos los preceptos del Estatuto tras las correcciones de la Comisión Constitucional del Congreso, como la necesidad de una reserva estratégica de 4.000 hectómetros cúbicos.

Preceptos del estatuto

El documento recoge aspectos nuevos como el cambio de las normas de explotación en base al acuerdo de la Comisión del Explotación del Trasvase Tajo-Segura, que establece que el territorio que demanda agua acredite su necesidad y justifique su uso, algo que ya se está aplicando.

De la misma forma, se estipula la exigencia de que a Castilla-La Mancha se le pidan informes preceptivos no vinculantes para cualquier transferencia de agua o para la excavación de los pozos de sequía, que deberán contestarse mediante una respuesta motivada.

La ley estipula que Castilla-La Mancha participe con voz y voto en todos los órganos de decisión del trasvase, así como que el Plan hidrológico del Tajo contemple un caudal ecológico, por el que se deberán incrementar las reservas de cabecera, así como que este plan garantice una lámina de agua estable en los embalses de cabecera que permita a los municipios ribereños de no sólo consumirlo y emplearlo para actividades económicas.

Así, del Júcar y el Segura establece que la planificación se haga por cuencas y no por demarcaciones, puesto que en el caso del Júcar se hace junto al Turia. También en el caso del Júcar recoge que el abastecimiento nunca tenga que indemnizar al regadío.

Igualmente, se pide que las infraestructuras que están construyendo el Minsiterio de medio Ambiente y las confederaciones hidrográficas se transfieran en fase de obra a la comunidad y de gestionarla como ya estaba previsto, con el objetivo de "no duplicar esfuerzos". Obras que tienen un importe de cerca de 800 millones de euros en su conjunto.

El consejero ha asegurado que el Gobierno regional introducirá, además, los aspectos de la ley en la negociación de los planes del tajo aunque ésta no sea aprobada, y ha recalcado que "si tenemos ley la fuerza es mucho mayor que si tenemos la razón".

Bases de la ley

La ley, ha explicado Sánchez Pingarrón, se basa en la problemática "especial" del agua en Castilla-La Mancha que "no se da en ningún otro territorio de España", al estilo, ha indicado, de las leyes que regulan la pesca en Galicia o las cuencas mineras de Castilla y León y Asturias.

El consejero ha detallado que la singularidad de la región se debe a que Castilla-La Mancha es la única región que forma parte de siete cuencas hidrográficas, siendo la cabecera de cuatro de ellas (Guadaiana, Tajo, Segura y Júcar).

Además, ha indicado, la región tiene una climatología "adversa", con condiciones de sequía que requiere una planificación "más a largo plazo". Igualmente ha dicho que el trasvase Tajo-Segura, que pretendía "quitarle a Castilla-La Mancha el agua", hace que la región sea la única que tiene un trasvase desde la cabecera.

Por último, ha señalado que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Castilla-La Mancha será la comunidad que más crezca en población en 2020, por lo que también aumentará el consumo de agua.