El Ayuntamiento de Sevilla se reúne a partir de las 10,00 horas de este lunes en sesión extraordinaria de Pleno para debatir la aprobación inicial del presupuesto general de la corporación y los organismos autónomos, así como los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenece íntegramente a la entidad local, el presupuesto consolidado, la plantilla y las bases de ejecución, para el ejercicio 2011.

Concretamente, según los términos de la presentación realizada por la concejal de Hacienda, Nieves Hernández (PSOE), en el seno del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), el proyecto presupuestario está cifrado en 1.087 millones de euros, con un importante recorte en las inversiones, que garantizarán, no obstante, la terminación de los proyectos iniciados en anteriores ejercicios.

El presupuesto viene determinado por dos cuestiones previas, la primera de ellas el Plan de Austeridad 2010-2012, que implica mayor contención del gasto y con respecto al cual el Consistorio asegura que se están cumpliendo las previsiones; la liquidación de 2009 arrojó un remanente de tesorería negativo de 29 millones de euros como consecuencia de la bajada de los ingresos del Estado y el exceso de financiación afectada por el Plan 8.000 y el Plan Proteja. El otro aspecto es el Real Decreto Ley 8/2010, que impone restricciones al endeudamiento a los ayuntamientos y la reducción de salarios de los funcionarios.

Así, el presupuesto presenta una diferencia de 10,5 millones entre ingresos (1.097.876.464,89 euros) y gastos (1.087.366.433,9 euros), lo que viene a compensar en parte el citado remanente de tesorería negativo. El resto de compensaciones viene de la aplicación del decreto estatal.

Del total del presupuesto consolidado, 694 millones corresponden a la corporación, 82 millones menos que en 2010. En cuanto a los ingresos, desde el Ayuntamiento se destacó el primer incremento desde el comienzo de la crisis de la participación en los ingresos del Estado, además de la congelación de los impuestos y tasas municipales, los primeros ingresos correspondientes a la Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma (PICA) y el mantenimiento de las previsiones de recaudación propias, que suponen el 53,5 por ciento del total de ingresos.

Con respecto a los gastos, los de personal suponen un 42,53 por ciento, las transferencias corrientes un 37,38 por ciento, los de bienes y servicios un 14,32 por ciento, los financieros un 2,09 por ciento y las inversiones reales se reducen hasta un 0,57 por ciento.

En cuanto a la distribución, el 14,57 por ciento se destina a bienestar comunitario, el 12,33 a seguridad y movilidad urbana, el 10,45 a servicios de carácter general, el 8,49 a transporte público, el 7,93 a servicios sociales y promoción social, el 6,32 a vivienda y urbanismo, el 5,04 a cultura, el 4,82 a deporte, el 4,42 a deuda pública, el 3,98 a medio ambiente, el 3,02 a fomento del empleo, el 2,27 a comercio, turismo y pymes, el 2,24 a administración financiera y tributaria, el 1,81 a educación, el 1,47 a sanidad, el 1,29 a órganos de gobierno y el 10,27 restante a otras políticas de gasto. En total, el 71 por ciento estará destinado a gastos sociales.

De igual forma, se reduce en un 7,06 por ciento el gasto corriente no vinculado a servicios esenciales desde 2008, mientras que los gastos de personal permanecen en los valores del presupuesto de 2010, destacando el aumento de las transferencias a las empresas municipales para garantizar los servicios públicos. En concreto, la de limpieza (Lipasam) recibe 110 millones de euros y la de transportes (Tussam) 64 millones.

El dictamen posterior del CESS en cuanto al proyecto presupuestario comprende la caída del grueso de las cifras a consecuencia de la crisis y el plan de austeridad promovido por el Gobierno municipal y aplaude que más del 70 por ciento de las partidas contempladas en el texto incidan en las políticas sociales. No obstante, la institución censura que las inversiones se reduzcan un 95 por ciento al afectar tal aspecto a la creación de empleo y reclama mayores "esfuerzos" en el recorte de "gastos no vinculados a servicios esenciales, como publicidad o propaganda".