Un total de 14 sindicatos y plataformas de empleados públicos se manifestarán este sábado por las calles de Sevilla contra el decreto ley de reordenación del sector público, en una protesta en la que piden la derogación "inmediata" de dicho decreto ley y donde prevén la asistencia de unas 50.000 personas.

Según han indicado a Europa Press fuentes sindicales, esta manifestación, con el lema 'Por unos servicios públicos de calidad. No a la privatización', partirá a las 12,00 horas el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno de la Junta de Andalucia y se dirigirá por la ronda histórica hasta el Parlamento andaluz.

Los sindicatos y asociaciones convocantes de la manifestación del 22 de enero se han unido en un frente común y son CSIF-A, CGT-A, USO, Ustea, SAT, Safja, Plataforma de Empleados Públicos (PEPA), Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía, Asociación El Tercer Lado, Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía, Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), asociación Piensa-Volens, y se ha adherido la asociación 'Defiendo mi derecho y la gestión pública'. Además partidos como el andalucista han anunciado su presencia.

Las fuentes han dejado claro que esperan en esta convocatoria "una amplísima afluencia, estimamos al menos unas 50.000 personas, las mismas que en anteriores convocatorias". Estos colectivos ya celebraron una movilización autonómica similar el 13 de noviembre y el día 27 de noviembre tuvieron manifestaciones en cada una de las provincias "donde hubo otros 50.000 asistentes".

Asimismo, han asegurado que "todas las partes acuden con actitud sindical que siempre nos ha caracterizado, es decir, siempre hemos protestado pacíficamente, pues nunca ha habido ninguna incidencias".

Estos colectivos esperan que los grupos parlamentarios representados en la Cámara andaluza "vean el alto grado de rechazo que existe ante esta norma, que no se arregla con enmiendas menores".

Han criticado que "se quiera deslegitimar una protesta absolutamente legal y legítima, cuando nunca ha pasado entre los empleados públicos que nos estamos movilizando pacífica pero contundentemente, para sensibilizar a la opinión pública sobre el retroceso que supone para los servicios públicos de Andalucía el decreto ley 6/2010 sobre reordenación del sector público".