El número de expedientes sancionadores en materia de telefonía móvil iniciados por la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud durante 2010 asciende a 161, mientras que la cuantía total de las sanciones previstas es de 496.738 euros, y la media por cada una de ellas es de 3.474 euros.

Según ha indicado la Junta en una nota, las principales infracciones detectadas en los expedientes sancionadores iniciados a empresas cuya actividad es la telefonía móvil son por incumplimiento de las medidas o los requerimientos de la Administración (39 por ciento), por no responder en plazo a las hojas de reclamaciones de los clientes (19 por ciento), por incumplir la garantía (ocho por ciento) y por hacer publicidad engañosa o subliminal (cinco por ciento).

La Dirección General de Consumo ha asegurado que está especialmente atenta a las infracciones en materia de telefonía móvil "dado el alto número de reclamaciones". En concreto, en 2010, fueron 2.741 las quejas que presentaron los consumidores andaluces por problemas con sus líneas móviles, un 6,7 por ciento más que en 2009 (cuando ya aumentaron un 31 por ciento con respecto al año anterior).

Las principales causas de denuncia aducidas por los consumidores son problemas en la facturación, irregularidades en la portabilidad, falta de asistencia técnica o garantía, solicitudes de baja no atendidas o reclamación de deuda inexistente.

En total, el número de expedientes sancionadores en materia de servicios de comunicaciones iniciados durante 2010 asciende a 243, con una cuantía prevista para las sanciones de 1.232.949 euros (una media de 5.554 euros).

Las reclamaciones totales en este sector volvieron a ocupar el año pasado los primeros puestos en reclamaciones por parte de los consumidores andaluces. En total en 2010 fueron 5.025 las quejas en esta materia las que se presentaron ante la Dirección General de Consumo, casi una cuarta parte (22,27 por ciento) de las 22.565 recibidas.

Atención especial

La Consejería de Salud ha advertido también del auge de mensajes recibidos en los teléfonos móviles "sin que el consumidor haya demandado ningún tipo de servicio instando a inscribirse en algún concurso o promoción", de forma que "se trata de un tipo de spam telefónico para el que la normativa se expresa de forma clara, pues está prohibido enviar comunicaciones publicitarias sin que hayan sido solicitadas o expresamente autorizadas por el destinatario, es decir sin el consentimiento previo del que la recibe".

No obstante, ha lamentado que "en numerosas ocasiones la persona que adquiere un bien o contrata un servicio presta su consentimiento para recibir publicidad, por lo que hay que estar especialmente atento a las condiciones de los contratos que se firman o a las páginas web en las que se introducen datos personales".

La Junta ha recordado que el control de esta obligación corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos, por lo que "cuando un usuario considere que el envío de publicidad se está efectuando sin su consentimiento, podrá denunciar los hechos ante dicho organismo".

Ha agregado que, "en cualquier caso, si tiene cualquier incidencia, también se puede presentar una hoja de quejas y reclamaciones en los servicios de Consumo de la Junta de Andalucía, en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor o a las Asociaciones de Consumidores".