Esta normativa, aprobada en el parlamento extremeño por los DOS grupos políticos, ha entrado en vigor en este mes de enero, ha explicado el Ejecutivo extremeño en nota de prensa.

La Junta destaca que es una ley "pionera en España y en Europa" que se basa en los principios establecidos por la Unión Europea y en la que la responsabilidad social debe entenderse como una integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones empresariales y sus relaciones con sus interlocutores; como se recoge "literalmente" en el texto extremeño.

El Cerse es un órgano colegiado, asesor y consultivo del Gobierno, de composición cuatripartita y paritaria, adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Fue creado en febrero de 2008 con el fin de crear un foro de encuentro entre todas las partes interesadas, en concreto organizaciones empresariales, sindicales; organizaciones e instituciones de reconocida representatividad e interés en el ámbito de la Responsabilidad Social, y las administraciones públicas, para fomentar acciones que promuevan la responsabilidad social empresarial.

El director general de Trabajo de la Junta de Extremadura ha explicado que una de las peculiaridades de esta ley es que "se adapta al tejido productivo extremeño, que está formado en el 95 por ciento por pequeñas y medianas empresas".

Acompañamiento y apoyo a empresas

La ley recoge medidas que pondrá en marcha el Gobierno extremeño para el acompañamiento y apoyo a las empresas que decidan adoptar valores configuradores de la responsabilidad social empresarial.

Igualmente, se establecen una serie de beneficios para las que obtengan dicha calificación. Así, será criterio de prioridad en caso de empate en contratos públicos, tendrán preferencia en la concesión de subvenciones, recibirán bonificaciones fiscales en tributos propios de la Comunidad Autónoma, y podrán realizar publicidad de la calificación de empresa socialmente responsable en sus productos.

También se otorgará un premio a la mejor empresa, de forma que, según se indica en la normativa, reglamentariamente se elaborarán las bases, el procedimiento para la concesión de dicho premio y su dotación económica.

Acuerdo del pacto social y político

Juan Manuel Fortuna ha recordado que la ley extremeña es uno de los acuerdos establecidos en el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura, con el que se pretende modificar el modelo productivo de la región para lograr un desarrollo sostenible, que favorezca la generación de empleo de calidad, y que incidan en la competitividad de las empresas.

En la ley se especifican que los elementos configuradores de la responsabilidad social empresarial están relacionados con los valores y la ética de las empresas, las relaciones laborales y los recursos humanos; el respeto del medioambiente, la relación social de la empresa con sus proveedores, clientes y el entorno local o regional donde esté ubicada, y un tratamiento responsable de la información y la comunicación.

Otro de los aspectos novedosos que incorpora la ley es que regula la responsabilidad social de la Junta de Extremadura como entidad contratante, consumidora, inversora, empleadora y prestadora de servicios; y como tal deberá asumir una serie de obligaciones concretas sobre consumo, inversión responsable, como empleador justo e integrador, y priorizar a su vez a las empresas responsables socialmente.

Por tanto, la responsabilidad social se plantea como "exigencia" para la propia Administración Autonómica y como un modelo de aplicación para las administraciones locales, ha destacado Fortuna. El objetivo es integrar el enfoque de responsabilidad social y los principios de desarrollo sostenible en la gestión pública.