Cerca de cincuenta personas convocadas por los sindicatos ELA, LAB, Stee-Eilas, EHNE e Hiru se han concentrado este viernes frente a la oficina del BBVA en la plaza del Castillo de Pamplona para mostrar su rechazo a "los intereses que tiene la banca detrás de la reforma de las pensiones, una reforma que no es desinteresada y con la que la gran banca va a salir beneficiada".

Los convocantes, concentrados con una pancarta en la que se leía 'Gobierno y banqueros roban tu pensión y tu dinero', han hecho un llamamiento a participar en la huelga general del próximo 27 de enero contra la reforma de las pensiones.

El responsable de ELA en Navarra, Mitxel Lakuntza, ha afirmado que

la reforma del sistema público que impulsa el Gobierno central persigue "aumentar el negocio de los fondos privados de pensiones" y ha advertido de que "es un hecho muy grave que se estén anteponiendo los intereses de la banca a los intereses de la mayoría de la gente".

Lakuntza ha censurado que "el propio Gobierno está dejándole a los bancos más de 260.000 millones de euros a un interés del 1 por ciento y esos mismos bancos le están poniendo el interés al mismo Gobierno al 5 por ciento".

El dirigente sindical ha criticado que "el Gobierno le dio a la patronal lo que quiso con la reforma laboral, y el Gobierno le está dando a la banca lo que quiere con esta reforma de pensiones para que haga negocio".

Frente a ello, ha destacado que "hay que defender el sistema público de pensiones" y ha subrayado que "los fondos privados de pensiones no son garantía ninguna de sostenibilidad, al contrario, estamos viendo que los países en los que se han puesto en marcha estas pensiones son los países que están teniendo problemas".

Por su parte, el portavoz de LAB en Navarra, Igor Arroyo, ha afirmado que "aquí se produce la riqueza suficiente para garantizar empleo digno, servicios públicos de calidad y para todos los hombres y mujeres de este país", pero ha señalado que "el problema es que la banca se quiere apropiar de una parte aún mayor de esa riqueza y la banca es la que impone las normas y las leyes en el Estado español".

Según Arroyo, "las grandes compañías industriales y financieras son las que dictan qué reformas económicas y sociales tienen que hacerse para apropiarse de una mayor parte de la riqueza, se trata de un robo al conjunto de la población y los políticos firman los dictados de los banqueros".

Por ello, ha defendido que "la huelga general tiene que ser una respuesta popular rotunda a esta dictadura del capital, tiene que ser una apuesta por un modelo social y económico al servicio de la mayoría, la riqueza tiene que repartirse entre el conjunto de la población, hay que terminar con este robo mayúsculo por parte de la banca".