El programa de ayuda de 426 euros a los parados que han agotado la prestación, que finaliza el 15 de febrero, se reducirá a 350 para aquéllos que sigan su formación. Así lo ha adelantado este jueves el portavoz popular en la Comisión de Trabajo del Congreso, José Ignacio Echániz, que ha denunciado este jueves que la ayuda se vaya a convertir en una subvención de menor cantidad -reduciéndose 76 euros- que deberá ser gestionada por las Comunidades Autónomas.

Echániz ha asegurado a los medios de comunicación que el Ejecutivo envió este miércoles a los Gobiernos autonómicos un documento en el que estipula la cuantía que deben gestionar para dar ayudas económicas a la formación a parados sin ingresos. Según Echániz, el documento de 27 folios se debatirá el lunes durante la Conferencia Sectorial de Empleo con el fin de que el Consejo de Ministros apruebe dicho programa este viernes, junto con la reforma de las pensiones, o bien el 4 de febrero.

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, aseguró recientemente que el nuevo programa de ayuda económica para la formación de desempleados que supondrá la segunda fase del PRODI comenzará a operar el 15 de febrero y estará dotado con más de 2.400 millones de euros procedentes de diferentes programas de empleo, así como de inversiones provenientes del Fondo Social Europeo. Asimismo, explicó que se trata de un programa para fomentar la formación y la recualificación profesional con el fin de que los parados puedan volver al mercado laboral.

Echániz aseguró que las políticas activas, aunque las legisle el Gobierno, las ejecutan las comunidades autónomas y criticó que el Ejecutivo quiera "endosar la responsabilidad del pago de los 426 euros a las comunidades por esa vía, sin dotarlas de recursos económicos". Además, ha considerado que se trata de una decisión "inadmisible" y un "mal comienzo" para establecer posibles pactos globales en materia social, al tiempo que denunció que el Ejecutivo "amenace a las comunidades con intervenirlas por su situación deficitaria".

El diputado del PP aseguró que el documento que pretende aprobar el Gobierno no tiene memoria económica y no especifica de dónde salen los fondos adicionales para ayudar a los parados con programas de formación, por lo que, en su opinión, "cada comunidad tendría que financiarse, lo que se traduce en un detrimento de los cursos de formación que ya hacen, y que alcanzan al 11% de los desempleados".