El sindicato CCOO ha reclamado celeridad en la instrucción del caso sobre supuestas irregularidades en la venta de entradas y control de accesos al conjunto monumental de la Alhambra, una investigación que realiza el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada y que "ya se ha prolongado cinco años".

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía, Felipe Falcó, ha informado en rueda de prensa de aún se están estudiando los informes de los expertos sobre el control administrativo que se hizo de las entradas y ha achacado esta situación a la participación de empresas privadas en el proceso de venta de las mismas, lo que, a su juicio, "está dificultando" la investigación.

Según ha subrayado, los informes de los expertos llevan a la conclusión de que este asunto no se deriva de un fraude cometido por los trabajadores sino de un "fallo en la gestión de la dirección" del recinto nazarí, por lo que ha justificado la necesidad de una pronta resolución de este caso para pedir el resarcimiento de los derechos de los empleados públicos que "han sido imputados injustamente"

"CCOO siempre ha creído en su inocencia y nos parece una barbaridad que un período de instrucción de cinco años se pueda aplicar en un caso como este", ha añadido el dirigente sindical. Asimismo, ha advertido de durante la fase de instrucción varios de los empleados implicados ya se han jubilado y "dos han muerto".

Un quebranto de ocho millones

En este caso están imputados alrededor de medio centenar de personas, la mayoría trabajadores de la Alhambra por un supuesto fraude en el control y acceso al recinto, uno de los más visitados de España.

Ya en 2008, los sindicatos se mostraron contrarios al informe pericial encargado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada que cifraba en 7,9 millones de euros el perjuicio económico ocasionado al Patronato de la Alhambra por este asunto entre 2002 y 2005.

Según recogía el documento, la mayor parte del quebranto económico, unos 7,1 millones de euros, habría sido cometido por los empleados y el resto por la agencia Daraxatour S.L., unos 765.400 euros, y el guía Francisco Castillo —imputado en el caso y padre de la administradora de la empresa— y la agencia Wit Travel —unos 67.380 euros— a través de una sucursal del BBVA, encargada de la venta anticipada de las entradas del recinto durante ese período.

El informe pericial atribuía a Daraxatour S.L una actuación "clandestina" al reservar, confirmar y cancelar entradas sin ser agencia de viajes ni un agente autorizado por el Patronato. Entre las irregularidades señaladas por el perito se encuentra la adquisición de paquetes de entradas a nombre de agentes autorizados sin su consentimiento o la facturación de paquetes de entradas cancelados.

Respecto a la agencia Wit Travel, el perito determina presuntas irregularidades como que vendió y facturó más paquetes de entradas de los confirmados en el BBVA y el Patronato, cambió el horario de visitas a los Palacios Nazaríes, vendió sin factura pax confirmados por la citada entidad bancaria y otros cuya procedencia no se ha podido justificar.

En cuanto a la actuación en las reservas y confirmaciones de paquetes de entradas en el BBVA, el perito asegura que el funcionamiento se ha llevado a cabo de una forma "anárquica e incontrolable" y supuestamente permitió la reserva de entradas a agentes que no estaban autorizados por el Patronato.

El informe también indicaba que los controladores permitían el acceso al monumento "sin entrada, con entrada usada, con entrada de otros pases horarios, con localizadores fraccionados para varios pases horarios y entradas de otros días". Añade que más de 50.000 entradas fueron sustraídas del almacén del Patronato de la Alhambra y que éstas pudieron ser utilizadas para atender la demanda de Daraxatour y otras agencias.