El Grupo Parlamentario Popular ha exigido al Gobierno de Cantabria que "diga a los ciudadanos la verdad sobre el vertiginoso endeudamiento de la comunidad", y ha señalado que a la deuda "confesada" por el Ejecutivo regional hay que añadir 300 millones de euros en facturas sanitarias, los gastos del "persianazo" del 10 de diciembre y la deuda "camuflada" de las empresas públicas.

La diputada y portavoz del PP en materia de Economía, Cristina Mazas, ha señalado en un comunicado que el Gobierno PRC-PSOE "está llevando las finanzas de la región a un pozo oscurísimo del que costará mucho salir en los próximos años", por lo que reclamó "que se cambie inmediatamente este rumbo autodestructivo y se implanten medidas reales de austeridad y transparencia en la Administración regional y en sus decenas de empresas y organismos públicos".

Según Mazas, además de haberse "doblado" la deuda de la Administración regional "en sólo un año, pasando de los 470 millones de euros de 2009 a los 793 millones de 2010", se está "falseando" la "deuda real" de las empresas públicas, que es "totalmente opaca", porque "una parte no se consolida con el resto del gasto de la autonomía y otra parte son créditos que se han vendido a bancos privados, por lo que no computan como deuda de la empresa, pero los cántabros tenemos que pagarlo igualmente, y con un coste extra en intereses que cobra el banco por ese servicio de limpieza contable".

Aparte de esto, señaló que el propio consejero de Sanidad, Luis Truan, "admitió" el pasado fin de semana que el Servicio Cántabro de Salud puede tener "hasta 300 millones de euros en facturas impagadas", a las que habría que añadir las de consejerías "pendientes" de 2010, "que lo están porque el Gobierno cerró por sorpresa el 10 de diciembre la ventanilla de reconocimiento a proveedores, en vez del 31 de diciembre como otros años", explicó.

"Es fácil echar la cuenta y comprender que lo que los cántabros debemos y se nos va a venir encima en los próximos años es muy superior al global de 909 millones de los que presume irresponsablemente el señor Agudo", manifestó Mazas, quien reclamó al presidente Miguel Ángel Revilla "que corte de raíz estos comportamientos que van a hipotecar a Cantabria durante una década y que producirán grandísimas dificultades, tanto en la propia Administración como en la sociedad civil", dijo.

Para Mazas, "es evidentísimo que todos esos millones que se deben a los bancos en créditos transparentes o camuflados, y a proveedores en facturas atrasadas del SCS y de las consejerías, los pagaremos los cántabros, además de las nuevas deudas que este Gobierno quiere contraer en 2011".

Según la diputada, la situación "no es ni confortable ni tranquilizadora, sino todo lo contrario", y Cantabria "ha sido embarcada" por el Gobierno en una "espiral vertiginosa" de gasto a base de deuda, que en su opinión provocará en los próximos años una "gravísima reducción" del margen de maniobra de la Administración autonómica.

"Sólo con lo admitido por los consejeros de Sanidad y Economía en los últimos días, los cántabros debemos más de 1.200 millones de euros a bancos o proveedores, y además tendremos que contabilizar el persianazo del 10 de diciembre, que carga a 2011 gastos que eran de 2010, y asimismo la deuda real de las empresas públicas", concluyó Mazas, para quien "esta es la verdad que el Gobierno tiene que contar a los cántabros".