La portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, ha asegurado que las medidas que contempla el Plan de Consolidación de las Finanzas y los Servicios Públicos de Castilla-La Mancha, por el que se pretende ahorrar 1.000 millones de euros, se aplicarán respetando el diálogo social.

Rodríguez, que ha inaugurado este miércoles una jornada de las bibliotecas municipales en Ciudad Real, ha recordado, en este sentido, que la propia vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, ya ha solicitado comparecer ante la Mesa del Pacto de Castilla-La Mancha, algo que ocurrirá en breves fechas.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado, ante la petición de los sindicatos de que se les informe sobre el citado plan, que habrá medidas que serán abordadas con ellos para su puesta en marcha, como es el cierre de las oficinas de la Administración regional a las 17.00 horas.

Rodríguez ha reiterado que ninguna de las medidas tendrá repercusión en las condiciones salariales de los funcionarios, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, y ha recordado "el respaldo y el respeto" del Gobierno regional a los sindicatos. PLAZOS

Por otro lado, Rodríguez ha señalado que la voluntad de la Junta de Comunidades es que el Plan de Consolidación se aplique "cuanto antes".

En este sentido, ha avanzado que una de las primeras medidas a materializar será la de la factura electrónica, cuyo proyecto está muy desarrollo para su próxima puesta en marcha.

Ha manifestado que, por otro lado, hay actuaciones que se pondrán en marcha mediante órdenes de las consejerías, pero que, otras, como los cambios impositivos para las entidades financieras que actúen en Castilla-La Mancha y las empresas eólicas, tendrán un desarrollo más largo al ser necesario un cambio legislativo.

En todo caso, Rodríguez ha puntualizado que el plan financiero no afectará a los servicios básicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales.