El Gobierno catalán ha acordado este martes reducir en cerca del 40% el número de puestos de trabajo reservado a personal eventual (asesores y cargos políticos), y pasará de los 218 del gobierno tripartito a 130, de los que el departamento de Presidencia de Artur Mas podrá tener hasta 30.

El acuerdo determina que el departamento de la Presidencia puede nombrar hasta un máximo de 30 asesores y cargos de confianza, y que el departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales que dirige la democristiana Joana Ortega puede nombrar estos cargos sin exceder de 12. Por otra parte, el resto de departamentos pueden reservar hasta un máximo de 8 puestos de trabajo a personal eventual, y el mismo número para el conjunto de las delegaciones territoriales del Govern de la Generalitat.

El acuerdo también prevé que la Comisión Técnica de la Función Pública podrá autorizar la redistribución entre el resto de departamentos de aquellas plazas reservadas a personal eventual que no se ocupen, previo acuerdo del departamento que tenga asignados estos lugares. Hasta que esta comisión determine qué puestos quedan sin ocupar no se podrá evaluar el ahorro que supondrá para la Generalitat esta decisión de austeridad, ha informado el portavoz del Govern, Francesc Homs, aunque cree que el ahorro será "notable".

Este acuerdo se suma al conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno para potenciar la austeridad en la administración catalana, después de que en las últimas semanas haya reducido de 15 a 12 el número de consejerías, y un 23% el número de los altos cargos. Para más adelante queda el proceso de reducción y simplificación de las empresas públicas.

Oficina de contratación

El Consell Executiu también ha aprobado que la dirección general de contratación publica se convierta en la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública, dependiente del departamento de Presidencia, con lo que Artur Mas controlará directamente la relación del Govern con sus proveedores.

El Govern ha aprobado un decreto que concreta la distribución de las competencias en materia de contratación pública, de tal forma que la nueva Oficina asuma gran parte de las funciones que tenía el departamento de Economía.

Este acuerdo pretende desarrollar e incrementar el principio de transparencia en la contratación pública de la Administración de la Generalitat y de su sector público, y adecuar la distribución de las competencias en materia de contratación pública entre el departamento de Presidencia y el de Economía y Conocimiento, hasta ahora concentradas en una misma unidad directiva.

La Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública se crea, bajo la dependencia de la Secretaría del Gobierno, con rango orgánico de dirección general. Tiene por funciones velar por la transparencia administrativa en la contratación de la Generalitat y de su sector público, establecer directrices y unificar criterios de actuación, hacer el seguimiento de la normativa y de los acuerdos adaptados y proponer mejoras, entre otras misiones.