El conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, reclamará a la titular de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, "que ejerza como ministra" y apruebe, "al igual" que su homólogo francés —Bruno Le Maire—, el decreto que establece la obligatoriedad de los contratos homologados en las relaciones entre industrias y productores lácteos.

Lo hará aprovechando la visita de Aguilar este miércoles a Galicia, con motivo de la firma del protocolo de colaboración entre el Ejecutivo central y la Xunta para dar cumplimiento a la Ley de desarrollo rural sostenible. En el acto participarán, además de Juárez, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo y los responsables de las consellerías de Medio Ambiente y Mar, Agustín Hernández y Rosa Quintana, respectivamente.

"Le vamos a pedir a la ministra que ejerza como ministra, al igual que en Francia", ha destacado el máximo responsable gallego en materia de medio rural en un desayuno informativo con los medios de comunicación en el que ha valorado la aprobación del decreto galo, el pasado 31 de diciembre —entrará en vigor el próximo 1 de abril y todavía precisará de "un periodo de implantación", tal y como ha reconocido—.

A juicio de Juárez, "el tema" en España también "está maduro", tras meses de negociación en el seno de la Interprofesional Láctea (Inlac) y después del fallido acuerdo de 2009. Por esto motivo, considera que la nueva ministra, que hereda el compromiso de la anterior, Elena Espinosa —quien fijó el limite para la aprobación del texto en el 1 de enero de este año—, "no lo debe dejar morir".

El dirigente autonómico ha censurado que, en el caso de la producción láctea, "toda la presión de la cadena" recae sobre los ganaderos, "algo parecido a lo que está pasando" con el sector del aceite. "Sé que la ministra tiene mucho interés", ha indicado al respecto, tras lo que ha confiado en que "lo tenga también" en la problemática de la leche.

Comisión nacional de la competencia

Además, en opinión del conselleiro de Medio Rural, el Gobierno central es el que "tiene que liderar esto", expresión que ha utilizado para aludir a la labor de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que, según ha denunciado, "es tremendamente estricta" en el ámbito agrario.

Juárez ha ilustrado esta acusación con el rechazo de la CNC a la posibilidad de negociación colectiva de los precios por parte de los productores.

Por contra, es la propia comunicación de la Comisión Europea (CE) acerca del futuro de la Política Agraria Común (PAC) la que propone una modificación a la Organización Común de Mercado (OCM) que "permitirá" dichos acuerdos entre ganaderos, ha apuntado. "No le estamos pidiendo nada ilegal", ha añadido el conselleiro, para incidir que las normas de la competencia "son iguales en toda Europa".

Una campaña "como mínimo" y sistema de actualización de precios

Entrando en detalle, Samuel Juárez ha señalado que el texto francés establece cinco campañas de vigencia de cada contrato firmado entre industria y productor, extremo sobre el que ha opinado que, en el Estado español, es necesario que dure "una como mínimo", porque tres meses "no es suficiente".

Ha vuelto a atribuir la elaboración del Real Decreto por parte del MARM a la proposición de ley presentada por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados a finales de septiembre, cuyo rechazo ha considerado "un error".

Con todo, ha evaluado el borrador presentado por el ministerio y ha calificado como "positivo" que incluya "algo básico" como es un sistema de actualización de precios a partir de índices "objetivos".

"no contiene régimen sancionador"

Sin embargo, ha criticado, "no contiene un régimen sancionador", puesto que en España —a diferencia de Francia— las infracciones tienen que tipificarse por ley. Ante esta carencia, el decreto remite a otra normativa —otro Real Decreto, de 1983— por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria.

A mayores, el conselleiro ha hecho hincapié en la "importancia" de que la Inlac se involucre, ya que, sin su compromiso, "la legislación no vale de nada". Acerca de su posición, ha explicado que "hay consenso" entre los productores sobre que el decreto "es lo que hay que hacer".

Lograr el apoyo de las industrias

No obstante, las industrias "no lo tienen tan claro". "Las sólidas sí que creen que es bueno para todos, pero otras se benefician del desorden", ha advertido. Lograr el apoyo de "una mayoría de ellas" es, en consecuencia, un objetivo "fundamental".

Por último, y acerca de la situación actual del sector, Samuel Juárez ha apuntado como principales escollos el aumento de la venta de marcas blancas —que ha cifrado entre el 40 y el 50 por ciento de los productos de consumo— y la volatilidad del precio de las materias primas de la alimentación, que en este año 2011 alcanza valores semejantes a los de la crisis de 2007-2008, tal y como ha asegurado.