La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha renunciado a acompañar al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el viaje que tiene previsto realizar a Bagdad (Irak) para inspeccionar el lugar desde el que fue tiroteado el cámara de Telecinco José Couso al considerar que el desplazamiento es "inviable legalmente".

En un escrito hecho público este lunes, el Ministerio Público recuerda que las autoridades iraquíes no han autorizado la ejecución en su territorio de la comisión rogatoria que solicitó el juez antes de iniciar el desplazamiento.

Así, la Fiscalía indica que cualquier diligencia judicial que se realice en un país extranjero, requiere de forma "inexcusable" el envío de una solicitud de auxilio judicial por parte del juez y que el Estado a visitar acepte el viaje en aplicación de su principio de soberanía. "Este presupuesto no se ha cumplido", recuerda el fiscal Jesús Alonso, asignado a esta causa.

El magistrado ha reiterado su decisión de llevar a la práctica el desplazamiento a pesar de la negativa a acompañarle del Ministerio Público.

Justicia trasladó la pasada semana a Pedraz su "altísima preocupación" ante la falta de seguridad en la que pueda desarrollarse el viaje. En un documento firmado por la directora general de Cooperación Jurídica Internacional, Aurora Mejía, se informaba al juez de que el pasado 10 de enero el Ministerio de Exteriores reiteró al departamento de Justicia los riesgos de seguridad que presenta este viaje "toda vez que no existe un compromiso de colaboración por parte de las autoridades iraquíes y no se disponen de medios propios en aquel país para garantizar la seguridad personal de las 17 o 18 personas que finalmente van a constituir la delegación".

Presencia "totalmente voluntaria"

Tras recibir esta información, el juez dictó una providencia en la que comunicaba a todas las partes que están personadas en el procedimiento de que su presencia en la diligencia de inspección ocular prevista en Irak es "totalmente voluntaria". Personalmente, el magistrado comunicó a una de sus funcionarias que no es necesaria su presencia en la delegación.

Esta voluntariedad afecta también a los cuatro testigos de la acusación, periodistas que se alojaban con Couso en el hotel Palestina, donde el cámara se encontraba el 8 de abril de 2003, donde recibió los disparos de los que se investiga si partieron de un tanque del ejército de EE.UU. Se trata de Jon Sistiaga, Olga Rodríguez, Carlos Hernández y Jesús Quiñonero.

Niebla en el tigris

El comunicado de Justicia añadía que Exteriores aporta en su informe que, el día en el que está previsto el viaje, "el Tigris amanece con na densa niebla que no despeja hasta media mañana", y aportaba fotos de este fenómeno meteorológico en la zona.

Justicia también recuerdaba al juez que a finales del pasado año la Embajada de España Irak interesó de las autoridades de este país que, a pesar de que la diligencia instada por Pedraz no es una comisión rogatoria - una figura que obligaría a una contestación o colaboración de las autoridades locales-, "hiciesen todos los esfuerzos para apoyar y mejorar los dispositivos de seguridad necesarios".

En julio de 2010, Pedraz reabrió por segunda vez la causa por orden del Tribunal Supremo y ordenó la busca y captura del teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, todos ellos de nacionalidad estadounidense, por un delito contra la comunidad internacional, en concurso con un delito de homicidio. Se trata de los tres militares presuntamente implicados en los hechos.

El juez español investiga, en concreto, el "ataque a población civil con la causación de la muerte del señor Couso y el acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o los periodistas".

Según sus resoluciones judiciales, De Camp fue la persona que "dio la orden directa de disparar" contra el hotel Palestina a pesar de que sabía se encontraba en una zona civil y era ocupado por periodistas. Wolford, por su parte, transmitió la orden y Gibson fue "quien materialmente efectuó el disparo" que mató a Couso y al cámara de Reuters Taras Prtosyuk y provocó heridas graves a otros tres reporteros.

En julio pasado Pedraz pidió a la Comisaría General de Información, al Servicio de Información de la Guardia Civil y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que practicaran "las gestiones oportunas" para averiguar el paradero de los tres militares. Sin embargo, Interpol no ha tramitado todavía estas peticiones.