Los jóvenes de Baleares son los que más se emancipan de toda España, con una tasa del 37,71 por ciento

Los jóvenes de Baleares son los que más se emancipan de toda España, dado que estaba independizada el 37,71 por ciento de la población con edades comprendidas entre 16 y 29 años durante el tercer trimestre del pasado año, frente a la media nacional, que se sitúa en un 27,07 por ciento, según datos del Injube y de la EPA dados a conocer por el Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB).

Los jóvenes de Baleares son los que más se emancipan de toda España, dado que estaba independizada el 37,71 por ciento de la población con edades comprendidas entre 16 y 29 años durante el tercer trimestre del pasado año, frente a la media nacional, que se sitúa en un 27,07 por ciento, según datos del Injube y de la EPA dados a conocer por el Instituto de Política Familiar de Baleares (IPFB).

Así, IPFB ha detallado que este porcentaje en las islas supone una leve subida del 0,33 por ciento, con respecto al segundo trimestre y un 2,23 por ciento en relación al tercer trimestre del año anterior.

No obstante, ha precisado que se está produciendo un incremento de la edad de salida de los jóvenes del hogar paterno, teniendo en cuenta que para adquirir una vivienda, una persona joven en España debería cobrar 27.211 euros anuales, lo que se traduce en 2.267 euros al mes.

De este modo, ha apuntado que el joven no dedicaría más del 30 por ciento de sus ingresos al pago de la hipoteca, es decir, un 74,62 por ciento más de media de lo que cobra, según los datos del último boletín del Observatorio Joven de Vivienda del Consejo de la Juventud de España.

Por Comunidades, Baleares es la tercera en la que produce una mayor diferencia entre los ingresos necesarios para comprar un piso y el salario que se percibe, con un 111,26 por ciento, de manera que sólo se encuentran por encima la Comunidad de Madrid (111,56 por ciento) y el País Vasco (119,92 por ciento).

En el lado opuesto se sitúan Extremadura (9,96 por ciento), Castilla-La Mancha (30,82 por ciento) y Castilla y León (42,15 por ciento), de forma que en estas regiones es donde más se aproximan los ingresos y el poder adquisitivo real de los jóvenes.

Por otra parte, IPFB ha apuntado que en el 2010, a pesar del descenso tanto del precio de los pisos, como de los tipos de interés, una persona joven tendría que reservar el 52,4 por ciento de su sueldo para hacer frente al pago de las cuotas mensuales iniciales de la hipoteca media, porcentaje que en el caso de Baleares se eleva hasta el 63,4 por ciento.

"Aunque este primer desembolso para acceder al mercado de la vivienda en propiedad se ha situado en el nivel más bajo de los últimos seis años, sigue siendo una fuerte traba para la emancipación del colectivo joven", ha recordado la organización presidida por Agustín Buades en las islas.

Concretamente, ha indicado que las provincias donde este coste es superior son Guipúzcoa (68,9 por ciento), Barcelona (68,4 por ciento), Vizcaya (68,1 por ciento), Madrid (63,5 por ciento), Baleares (63,4 por ciento), Cantabria (57,1 por ciento) y Málaga (55,7 por ciento). Por debajo del 50 por ciento se encuentran Palencia (35,4 por ciento), Lugo (34,4 por ciento), Badajoz (33,7 por ciento), Cuenca (32 por ciento), Cáceres (31,5 por ciento), Ciudad Real (31,3 por ciento) y Teruel (30,4 por ciento).

IPFB ha resaltado que otro dato significativo al hablar del acceso de los jóvenes a la vivienda es la superficie máxima de los pisos a los que pueden aspirar teniendo en cuenta el salario que cobran. Así, ha señalado que si se habla de compra -fijando en el 30% el esfuerzo económico que deben hacer con respecto a sus ingresos-, esta superficie sería de 57,3 metros cuadrados construidos y si se trata de un alquiler sería de 45,3.

Medidas para impulsar la emancipación

Ante esta situación , esta entidad reivindica la puesta en marcha "inmediata" de políticas que hagan posible "el derecho que tienen los jóvenes a emanciparse para poder tener una vida autónoma sin la dependencia económica de otros miembros de la familia".

Por ello, entre otras medidas, aboga por la coordinación entre Comunidades Autónomas y el Gobierno central para la configuración real del derecho subjetivo a la vivienda; una ley que garantice el acceso a un inmueble digno y adecuado de titularidad pública, cuyo coste no supere el 30 por ciento de los ingresos netos anuales y un parque público de pisos en alquiler, cuyo coste no supere el 10 por ciento de los ingresos anuales por persona.

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