Salud destinará 172.000 euros para mejorar los servicios de información y defensa de los consumidores de La Rioja

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río, ha informado esta mañana que el Ejecutivo riojano ha autorizado el gasto de 172.000 euros que la Consejería de Salud destinará este año a conceder subvenciones en materia de consumo, tanto a las asociaciones de consumidores y usuarios como a las entidades locales. La inversión del Ejecutivo riojano va destinada a mejorar los servicios de información y defensa de los consumidores y usuarios en los municipios riojanos.

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río, ha informado esta mañana que el Ejecutivo riojano ha autorizado el gasto de 172.000 euros que la Consejería de Salud destinará este año a conceder subvenciones en materia de consumo, tanto a las asociaciones de consumidores y usuarios como a las entidades locales. La inversión del Ejecutivo riojano va destinada a mejorar los servicios de información y defensa de los consumidores y usuarios en los municipios riojanos.

Los 172.000 euros financiarán dos tipos de subvenciones. Por un lado, la Consejería de Salud destinará 113.000 euros para ayudas a las asociaciones de consumidores y usuarios de La Rioja, con el objetivo prioritario de que desarrollen programas destinados a la atención de los siguientes sectores de la población infantil, juvenil, tercera edad y población rural.

Por otro lado, Salud invertirá 59.000 euros para conceder ayudas a los ayuntamientos que lo requieran. El objetivo de dicha inversión es que los municipios de La Rioja, especialmente los que cuentan con más de 5.000 habitantes, consoliden o estructuren unos servicios de protección al consumidor que cumplan funciones de control de mercado, además de información.

Las subvenciones que se contemplan pueden ir destinadas a promover la información y la educación de los consumidores, con el objetivo de facilitar sus opciones de adquisición de bienes y servicios, con el conocimiento adecuado para su uso y disfrute. Asimismo, se persigue que los municipios protejan jurídica, administrativa y técnicamente a los consumidores en situaciones de inferioridad o indefensión. Además, los ayuntamientos deberán promover la participación de los consumidores y usuarios en la definición de los intereses sociales, fomentando siempre el movimiento asociativo.

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