La agencia internacional de evaluación Moody's mantiene la calificación crediticia de Castilla y León —Aa2, la tercera mejor posible— y sitúa así a la Comunidad "en el nivel superior de las comunidades españolas", según informaron a Europa Press fuentes de la Junta.

Según el Gobierno autonómico, la entidad ha valorado la "prudente gestión presupuestaria" de la Junta, sus "buenos resultados financieros" y el hecho de que tenga "un perfil de deuda razonable".

"La buena nota que conserva Castilla y León, que es la tercera mejor calificación de la escala de 21 que maneja la agencia, es síntoma de fortaleza crediticia", indicaron las mismas fuentes.

La confirmación del 'rating' autonómico (Aa2 con perspectiva negativa), por otra parte, permite transmitir tranquilidad y seguridad a los futuros inversores en deuda de la comunidad, según la Junta, que asegura que "esto resulta de vital importancia en un momento como el actual".

En este sentido, recordó que otras regiones "han visto reducida su valoración y se ha acentuado la crisis de deuda soberana provocada por la desconfianza existente en los mercados, que está afectando especialmente a los países periféricos de la eurozona".

Frente a ello, Moody's Investors Service destaca en su informe la "sólida situación presupuestaria del Gobierno regional", que se refleja en los superávits corrientes de los últimos años.

La firma de análisis también, dice la Junta, ha tenido en cuenta "los bajos niveles de deuda de Castilla y León", que a su juicio "permanecen en niveles razonables" pese a que se han incrementado sensiblemente como consecuencia de la crisis.

El Ejecutivo autonómico aseguró haber hecho un uso "responsable, prudente y consecuente" del endeudamiento en los últimos años, lo que ha situado a la comunidad "en una situación privilegiada frente al resto".

De hecho, como prosigue, Castilla y León es la región menos endeudada de España en relación al Producto Interior Bruto (PIB), con una ratio del 7 por ciento frente al 11,8 por ciento de media nacional. Así lo reflejan las últimas estadísticas oficiales del Banco de España, correspondientes al tercer trimestre de 2010, que se publicaron el pasado diciembre.

Tres puntos fuertes y tres desafíos

Además de "un perfil de deuda razonable, comparado con el de sus homólogos", Moody's destaca otros dos "puntos fuertes" de Castilla y León. Por un lado, su "prudente gestión presupuestaria". Por otro, los "buenos resultados financieros en años anteriores". Estos factores permiten aportar credibilidad a los inversores, que de este modo reducen su percepción de riesgo.

Con base en estas variables, Moody's sitúa a la Región "en el nivel superior de las comunidades españolas, cuyas calificaciones permanecen en el margen de Aa2-A2", posición que comparte con Madrid, Galicia y Extremadura. La entidad excluye expresamente al País Vasco, calificado como Aa1 (al igual que España), puesto que actúa "bajo un marco institucional único".

La agencia de calificación también enumera los retos a los que se enfrenta la Junta de Castilla y León. Para empezar, cita "la necesidad de implementar importantes medidas de recorte del gasto", que permitan cumplir el objetivo de déficit del 1,3 por ciento del PIB en 2011 marcado por el Gobierno de España. En segundo lugar, alerta sobre la disminución de los fondos de la UE en el periodo 2007-2013. Por último, llama la atención sobre la conveniencia de "una mayor diversificación económica".

Compromiso con la transparencia

La trascendencia de las valoraciones crediticias radica en que son indicadores básicos para evaluar y comparar la solvencia. En la medida en que los inversores se apoyan en estas referencias, una nota de Aa2 implica que Castilla y León posee una "gran capacidad" para acceder a los mercados de capitales y que la captación de fondos se realice en las mejores condiciones financieras posibles, como indicó la Junta.

La Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León encarga desde 1993 a la agencia especializada Moody's la calificación financiera de la región. Con ello pretende incorporar un mayor grado de transparencia y fiabilidad a la información pública, lo que reduce la incertidumbre de los posibles inversores en deuda de la comunidad autónoma.