La Comisión Constitucional del Senado ha debatido y dado el visto bueno este martes a la proposición de ley avalada por PSOE y PP, más los nacionalistas catalanes y vascos, con la que se procede a una revisión global de la Ley Electoral de 1985, y la ha remitido al Pleno de la Cámara de la próxima semana, del día 19, para su aprobación definitiva.

La reforma ha salido adelante tal y como llegó del Congreso y la Comisión ha rechazado tanto los dos vetos recibidos —de ICV y CC— como las 37 enmiendas presentadas. Tras su paso por el Pleno el próximo miércoles día 19 será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su aplicación en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011.

Una de las novedades de esta normativa será la nueva regulación del voto emigrante, que el BNG ha criticado a través de enmiendas, todas rechazas, y con las que pretendía incluir una reforma más profunda, además de limitar la participación de emigrantes en los comicios locales. Por su parte, Coalición Canarias un veto completo a la reforma.

Esta proposición de ley ha llegado al Senado tras dos años de trabajo de una subcomisión creada al respecto al Congreso, presidida por el socialista Alfonso Guerra, y culmina la primera actualización global de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) veinticinco años después de su aprobación.

Las portavoces del PSOE y el PP, Sunana Sumelzo y Rosa Vindel, respectivamente, han coincidido en destacar la importancia de este largo trabajo y han respaldado las decisiones adoptadas en el Congreso, además de subrayar la importancia de los cambios introducidos en la ley electoral.

Principales novedades

Otras novedades de la reforma en cuanto al voto emigrante se refiere a la posibilidad de voto en urna en consulados y embajadas para los emigrantes, al tiempo que la normativa desactiva el papel clave de los tránsfugas en las mociones de censura municipales, mejora del sistema de concejo abierto que rige para los pequeños municipios o adelanta el censo válido para unas elecciones evitando empadronamientos de conveniencia.

También incluye la extensión de los criterios de pluralismo y proporcionalidad a las televisiones privadas, la prohibición de actos de inauguración en campaña electoral, la eliminación de publicidad política en precampaña, la exigencia de un aval testimonial de firmas a las formaciones sin representación parlamentaria que optan a escaños en Cortes, la reducción de los gastos electorales y la congelación de las subvenciones a los partidos.