En los once primeros meses del pasado año el Gobierno de Cantabria había autorizado ya el gasto de algo más de 2.236 millones de euros, o lo que es lo mismo, alrededor del 88 por ciento del gasto previsto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2010.

Se trata sobre todo de gasto correspondiente a las políticas sanitarias (más de 737 millones de euros) y educativas (casi 499 millones), así como a infraestructuras (297,6), y a servicios sociales y promoción social (221,4 millones).

Esto significa que el Ejecutivo ha iniciado ya las actuaciones necesarias para poder llevar a la práctica ese gasto que, según los casos, está ya en ejecución o ejecutado.

Así, de los 2.236 millones de gasto ya autorizado, unos 1.955 millones han superado otras de las fases de ejecución presupuestaria y en estos momentos son obligaciones reconocidas y, por tanto, iniciativas de gasto que se están haciendo realidad, que se encuentran efectivamente en ejecución. Y dentro de esos más de 1.955 millones, el Gobierno ya ha realizado el pago prácticamente del 91 por ciento, en concreto más de 1.777 millones.

Según se detalla en los estados de ejecución del Presupuesto Regional hasta el 30 de noviembre, recogidos por Europa Press, los mayores niveles de autorización de gasto corresponden, en cifras absolutas, a las políticas educativas, sanitarias, sociales y de infraestructuras.

En términos porcentuales, por su parte, el mayor grado de autorización corresponde a las políticas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), que alcanza el 98,11% de lo presupuestado (casi 9,4 millones de euros ya autorizados).

A continuación se sitúan las políticas de seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias, con un nivel de autorización del 97,1%, las partidas de alta dirección (95,11%), servicios sociales y promoción social (93,95%), educación (92,12%), fomento del empleo (91,96%) y agricultura, pesca y alimentación (91,37%).

Por consejerías, la que más porcentaje de gasto autorizó hasta finales de noviembre, es decir, la que está gestionando con mayor prontitud su presupuesto, fue Empleo y Bienestar Social, con un 93,04%, seguida de Educación (86,59%) y del Servicio Cántabro de Empleo (91,96%).

En el lado opuesto, los menores niveles de autorización se dan en la Consejería de Economía y Hacienda (61,86%), el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (74,57%) y la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo (79,19%).

Ingresos y deuda

Por lo que respecta a los ingresos, el Gobierno espera cerrar el año con un presupuesto de ingresos de unos 2.465 millones de euros, frente a los 2.457 millones presupuestados inicialmente, un 0,33 por ciento más. Hasta finales de noviembre ya se habían recaudado 1.985 millones, alrededor del 80 por ciento de lo previsto.

En lo recaudado destacan por su cuantía los ingresos procedentes de transferencias de la Administración del Estado, que suponen más de 740,6 millones, y los derivados de impuestos como el IVA (176,8 millones), la Renta (303,4 millones), el impuesto sobre consumos específicos (148,3) y el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (95,7 millones de euros).

En cuanto a la deuda, a finales de noviembre se elevaba a 833 millones de euros, tras la formalización de nuevas operaciones dentro del programa anual de endeudamiento. Así, a los 472 millones de deuda que había a principio de año se han sumado 391,2 millones más, y se han restado 30 millones de amortizaciones, lo que arroja esa cifra de 833 millones al cierre del mes de noviembre.