El Fiscal pide 306 años para los etarras que colocaron un coche-bomba en el Bernabéu

Los presuntos miembros del "comando Txirrita" de ETA Mikel San Argimiro e Imanol Miner se enfrentarán esta semana a una petición del fiscal de 306 años de cárcel para cada uno por la colocación, el 1 de mayo de 2002, de un coche-bomba que estalló en las cercanías del estadio Santiago Bernabéu de Madrid. En el juicio, que se celebrará el jueves en la Audiencia Nacional, la Fiscalía acusará a los presuntos etarras de dos delitos de estragos, los causados por la explosión ese mismo día de sendos coches-bomba: uno, en las proximidades del Bernabéu, y, otro, en la confluencia de la calle de Embajadores con la glorieta de Santa María de la Cabeza para "simular que en este vehículo habían huido de las inmediaciones" del estadio de fútbol.

En la explosión de los dos coches-bomba 22 personas resultaron heridas de diversa consideración, por lo que el fiscal, según consta en su escrito de conclusiones provisionales, solicitará también que los dos procesados sean condenados, por otros tantos delitos de lesiones, a doce años de prisión por cada uno de ellos, lo que equivale a un total de 264 años de cárcel.

Además de las diversas penas de prisión, el representante del Ministerio Público solicitará que los acusados indemnicen a los heridos en cantidades que oscilan entre 150 y 11.000 euros, así como a los propietarios de los vehículos, establecimientos e inmuebles que resultaron dañados en las explosiones.

Comando Txirrita

En su escrito, el fiscal relata que Mikel San Argimiro -detenido dos semanas después del atentado en el barrio madrileño de Vallecas- y Balbino Sáez de Olarra -arrestado en diciembre de 2002 en Francia- conformaron el "comando Txirrita" en mayo de 2001 y utilizaron un "piso franco" en Valladolid desde el que se desplazaban regularmente a Madrid "para realizar tareas de vigilancia y seguimiento".

En agosto de 2001, alquilaron un piso en Madrid y, en marzo del año siguiente, se les unió Imanol Miner -detenido luego junto a San Argimiro-, que aportó armas y explosivos al grupo.

A continuación, los imputados "inspeccionaron las inmediaciones del estadio de fútbol Santiago Bernabéu en el paseo de la Castellana con el propósito de colocar un coche-bomba y con ello causar la mayor cantidad posible de daños materiales, asumiendo los riesgos que su acción implicaba para la integridad y la vida de las personas que estuvieran en las inmediaciones del lugar" del atentado.

Los terroristas decidieron estacionar el vehículo frente al edificio Torre Europa, para hacerlo estallar un día en el que estaba prevista "una gran concentración de personas con ocasión de la celebración de un partido de fútbol" entre el Real Madrid y el Barca.

Dos explosiones

El coche empleado por el comando para su acción, un Renault 19, fue robado en Madrid el 20 de marzo de 2002 y estacionado en el barrio de Vallecas por los etarras, que cambiaron sus placas de matrícula por otras falsas e introdujeron en el mismo una olla con explosivos provista de temporizador.

Los procesados intentaron aparcar el vehículo en el lugar elegido el 30 de abril, pero tuvieron que dejarlo en otro sitio cercano y no fue hasta la madrugada del 1 de mayo cuando lo estacionaron definitivamente en el lugar seleccionado.

Al mismo tiempo, los etarras colocaron otro artefacto explosivo en un Ford Escort robado en Francia que se encontraba averiado y aparcado en la calle de Embajadores.

Fue entonces, según el fiscal, cuando Imanol Miner llamó al teléfono de emergencias 112 para advertir de que el coche-bomba situado junto al Bernabéu explotaría a las cinco de la tarde. La explosión ocurrió en efecto a esa hora, y causó heridas a veintidós personas, entre ellas tres policías nacionales que en ese momento trataban de acordonar la zona, además de daños materiales.

Tres cuartos de hora después, a las 17.45 horas, estalló también el Ford Escort.

El mismo día en que se celebra este juicio, el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a Jon Crespo, Iker Lima y Xabier Arrilucea por su supuesta participación en una acción de "violencia callejera" consistente en la colocación, en 1999, de un artefacto incendiario en un concesionario de "Peugeot" en la localidad vizcaína de Bedia, hechos por los que el fiscal pide para cada uno de ellos tres años de prisión.

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