La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha celebrado este martes que los profesores gallegos vayan a ser considerados "autoridad pública" en función de la Ley de convivencia y participación de la comunidad escolar que impulsa la Xunta, y ha pedido una norma a nivel nacional que proteja por igual a todos los docentes.

Según el anteproyecto de la ley conocido este martes, los profesores gallegos tendrán condición de "autoridad pública", de modo que contarán con "protección jurídica" específica y con la "necesaria" presunción de veracidad para el mantenimiento de la "disciplina".

La Comunidad de Madrid fue la primera región en aprobar una normativa en esta línea, ya que considera que "es difícil mejorar los resultados escolares si no se da como primera condición dar las clases con normalidad".

"La mejora de los resultados académicos pasa por la mejora del ambiente de disciplina. Creo que es vital recuperar un clima de estudio, de convivencia y trabajo en las aulas, y el último Informe PISA señalaba a la Comunidad como la región con mejor ambiente de convivencia en sus centros escolares, y tiene mucho que ver con que quedara a la cabeza en los resultados académicos del propio informe", ha explicado a Europa Press.

Por tanto, ha considerado "positiva" la norma en la que trabaja el Gobierno gallego, ya que "lo que es bueno para Madrid lo es para Galicia". "Me alegro de que los docentes gallegos cuenten con ese estatus de autoridad pública, con la presunción de veracidad y tengan mayor protección jurídica, al igual que los madrileños", ha apostillado.

No obstante, ha abogado por llevar a cabo una "norma a nivel nacional" que proteja por igual a todos los docentes independientemente de la región en la que se encuentren trabajando, ya que "el cuerpo de maestros y profesores son funcionarios nacionales".

"norma nacional"

"El PSOE hizo mal en rechazar la propuesta en este sentido que planteó el PP en el Congreso, porque cuando son cuerpos nacionales y empieza a haber proliferación de normas autonómicas, lo lógico es que haya una norma nacional", ha remachado.

También se ha referido Figar al apartado de dicha normativa que otorga a los centros la facultad de regular la vestimenta de los alumnos. "Es similar a lo que ya existe en la Comunidad de Madrid, que da libertades a los propios centros de regular este aspecto, siempre que cuenten con el apoyo del Consejo Escolar", ha indicado.