El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este lunes, 3 de diciembre, la modificación de la Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad, que fue aprobada el pasado mes de diciembre en el Parlamento autonómico por unanimidad de todos los grupos.

Con esta reforma, por la que el texto se adapta a la nueva normativa estatal en la materia, y tras la integración de Caja Cantabria junto a Caja del Mediterráneo (CAM), Cajastur y Caja de Extremadura en un Sistema Institucional de Protección (SIP), el Ejecutivo regional acometerá la adaptación normativa de las cuestiones que sean de su competencia.

Entre otras cuestiones, destaca que perderán peso los representantes de instituciones públicas o partidos políticos y se exigirá que los gestores acrediten una experiencia de al menos cinco años en la gestión de empresas privadas de dimensiones o características similares a la de Caja Cantabria.

Los cargos políticos electos, y los altos cargos de las administraciones estatal, autonómica y local, no podrán ser miembros de los órganos de gestión y dirección de Caja Cantabria.

Otra de las principales novedades respecto a la legislación anterior es que los representantes del Parlamento regional y de los ayuntamientos en la Asamblea General de la Caja pasan del 60 al 40 por ciento. El número máximo de miembros de esta asamblea oscilará entre un mínimo de 60 y un máximo de 160.

Esta ley adapta la normativa cántabra al decreto-ley estatal que modifica la regulación de las normas básicas sobre los órganos rectores de las Cajas de Ahorro que entró en vigor en 2010, y persigue fundamentalmente una mayor profesionalización de dichos órganos.

Así, establece que es incompatible con la condición de compromisario y con la de miembro gestor de los órganos de gobierno de las cajas quienes tengan la consideración de cargo político electo; alto cargo de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y de la Local, así como de entidades del sector público y de derecho público-privado vinculadas o dependientes de aquellas.

De esta forma, se determina la incompatibilidad de cargos electos o miembros de algún Ejecutivo o entidad del sector público de ocupar cargos directivos ni de gestión dentro de las cajas.

Tampoco podrán ser cargos electos los miembros de la Asamblea General de la entidad que nombren el Parlamento y los ayuntamientos.

La ley establece además que los órganos de gobierno pluripersonales deben actuar de forma colegiada y, dentro del objetivo de intensificar la profesionalidad, fija los requisitos para desempeñar los cargos de dirección y gestión de las cajas, desde el punto de vista de la honorabilidad comercial y profesional.

La anterior Ley de Cajas de Ahorro de Cantabria era del año 2002.