La portavoz del PP de Andalucía, Rosario Soto, ha advertido este martes de que el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la Cuenta General de la Junta de Andalucía correspondiente al año 2009, que refleja una "tendencia a la baja" del remanente de tesorería al retroceder un 45 por ciento respecto a 2008, prueba el "despilfarro y el malgasto" del Gobierno andaluz, destacando además de que la "administración paralela" de la Junta de Andalucía, en alusión al sector público andaluz, implica un coste anual de "un billón de euros".

En rueda de prensa, la portavoz del PP andaluz ha lamentado el contenido de este informe que el lunes de la semana en curso entregaba el consejero mayor de la Cámara de Cuentas, Rafael Navas, al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Y es que, como ha recordado, dicho documento recoge que el remanente de tesorería de la Administración andaluza se redujo un 45 por ciento entre 2008 y 2009, pasando de 2.200 millones de euros en 2008 hasta unos 1.200 millones de euros el año pasado. "Griñán tendrá que dar una explicación de cómo la Junta ha llegado a esta situación de malgasto", ha advertido.

Sobre el sector público andaluz, que según dicho documento gozó de transferencias de fondos por valor de aproximadamente 3.900 millones de euros con unas pérdidas de 1.600 millones de euros, Rosario Soto ha lamentado el coste de la "administración paralela" promovida por el Gobierno andaluz, porque dilapida anualmente "un billón de euros" de las arcas públicas. "La Administración paralela nos cuesta un billón de euros al año", ha lamentado alertando de la "grotesca falacia" en la que incurre el Ejecutivo autonómico al promover una reordenación de este sector al objeto de ahorrar "poco más de cien millones de euros".

A su juicio, es "obvio" que el último informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la Cuenta General de la Junta de Andalucía refleja la "falta de eficacia de la Junta en la gestión del dinero público", extremo que se une al "despilfarro y al malgasto" en el que incurrirían los socialistas a la hora de administrar las arcas públicas.