El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo Vicente, considera que es el momento en que la Junta asuma de una vez las competencias en materia de Justicia, tras advertir de que los cerca de 50 millones de euros invertidos en esta materia por el Gobierno central en el último lustro dejan sin argumentos al Ejecutivo de Herrera para seguir dilatando el proceso.

Y es que Alejo, en declaraciones a Europa Press, entiende que la deuda histórica del Gobierno central en materia de Justicia se encuentra ya "saldada" después del gran esfuerzo inversor realizado en los últimos cinco años, en los que, entre otros logros, se ha impulsado la rehabilitación del Palacio de Justicia de Burgos, que cuando él se hizo cargo de la Delegación del Gobierno era "una reivindicación histórica durante ocho años de gobierno del PP"; se ha creado medio centenar de nuevas unidades judiciales, se han mejorado dieciséis edificios judiciales y "se ha iniciado la modernización de la Justicia con la puesta en marcha de la Oficina Judicial".

Por ello, el máximo responsable del Gobierno central en la Comunidad ha criticado la demora para el traspaso de las competencias que, como así ha advertido, es únicamente achacable al Ejecutivo regional. "Ahora, como se ha hecho la Oficina Judicial de Burgos y vamos a empezar la de León, la Junta pretende que el Gobierno sufrague el resto de oficinas", ha declarado Alejo, quien no considera lógica esta postura cuando quedan sólo seis CC.AA. pendientes de asumir esta competencia "que ya empezaron a negociar hace ocho años con el PP y no llegaron a un acuerdo".

Así, el delegado sostiene que la cuestión ya no es económica sino de voluntad política, "y no parece que haya mucha voluntad política de asumirla por parte de la Junta, pues desde el punto de vista presupuestario—insiste—no hay justificación para el retraso".

Otra cosa bien distinta es que, una vez asumida la Justicia por parte del Ejecutivo autonómico, la Administración central y la regional puedan suscribir "convenios, programas específicos o acuerdos en materia de financiación extraordinaria para aspectos puntuales, como ya ha ocurrido con otras competencias como la sanidad o la educación", ha concluido.