El Principado valora la decisión del Supremo para "la resolución del conflicto en ámbito de la minería del carbón"

La consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Ana Rosa Migoya, ha destacado este miércoles que "todo lo que favorezca el desbloqueo del decreto parece favorable a la resolución del conflicto en ámbito de la minería del carbón". Así hizo referencia a la decisión de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo que ha acordado en varios autos dictados hoy "no aplicar las medidas cautelares" que las compañías eléctricas y la Xunta de Galicia solicitaban en contra de la entrada en vigor del real decreto del carbón.

La consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Ana Rosa Migoya, ha destacado este miércoles que "todo lo que favorezca el desbloqueo del decreto parece favorable a la resolución del conflicto en ámbito de la minería del carbón". Así hizo referencia a la decisión de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo que ha acordado en varios autos dictados hoy "no aplicar las medidas cautelares" que las compañías eléctricas y la Xunta de Galicia solicitaban en contra de la entrada en vigor del real decreto del carbón.

El frente del Supremo es uno de los tres en los que las eléctricas combaten el decreto del carbón. En otro de ellos, la Audiencia Nacional aplicó medidas cautelarísimas a petición de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa en contra del desarrollo normativo del decreto en el que se obliga a presentar en tres días cartas de compromiso de compra de carbón nacional.

No obstante, estas cautelarísimas, según indicó a comienzos de noviembre la Audiencia, se aplicaron a la espera de que el Supremo se pronunciara acerca de si aplica o no cautelares al decreto. El desbloqueo de la norma por este tribunal hará que, previsiblemente, la Audiencia retire las cautelarísimas, según las fuentes consultadas.

Además del Supremo y de la Audiencia, sobre el decreto siguen pesando las medidas cautelarísimas aplicadas por el Tribunal de Luxemburgo, que ha fijado una vista para el 10 de enero para analizar el caso. En concreto, el tribunal comunitario aplicó estas medidas contra la decisión de la Comisión Europea de declarar el decreto compatible con el mercado interior.

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