Los tres grupos presentes en el Parlamento gallego —PPdeG, PSdeG y BNG— han aprobado por unanimidad una proposición no de ley en la que reclaman un endurecimiento de las penas impuestas a los incendiarios y que, entre otras medidas, se establezcan mecanismos "que garanticen el anonimato de los testigos", con el fin de facilitar la colaboración ciudadana y la aportación de datos e indicios que permitan obtener "pruebas incriminatorias".

La iniciativa, presentada por el PPdeG y transaccionada con el BNG, ha recibido el respaldo del PSdeG, aunque la portavoz de Medio Rural de los socialistas, Sonia Verdes, ha pedido la palabra para protestar por no haber sido invitada a la negociación para lograr un acuerdo. La autora de la propuesta, la popular Emma Álvarez Chao, ha replicado que sí remitió la documentación por correo electrónico.

La proposición aprobada reclama, en concreto, que se pida al Estado la revisión del Código Penal para que se prevean nuevos tipos de delitos de incendios y se reforme el artículo 351 —con penas de cárcel de entre 10 y 20 años— para incluir en el mismo los incendios ocurridos en las zonas de protección de núcleos de población definidas en la legislación forestal.

Asimismo, propone ampliar los supuestos de agravamiento de penas del artículo 352 —prevé penas de cárcel de entre uno y cinco años— a los fuegos provocados en días de riesgo extremo, los iniciados en zonas forestales con especies de alto valor o en lugares colindantes con infraestructuras y zonas de tránsito o esparcimiento de población.

La proposición no de ley pide más recursos para prevención y lucha contra incendios y que se promueva la colaboración con el Ministerio Fiscal para que se impongan las penas más altas previstas, así como que se considere que un fuego "comporta peligro para las personas" cuando afecta a redes secundarias de franjas de gestión de biomasa. En estos casos, reclama que se impongan las penas del artículo 351.

Responsabilidades civiles

También solicita que se exijan responsabilidades civiles a los condenados por delitos de incendios forestales y que, en materia de prevención y persecución de delitos de fuegos forestales, se promuevan acciones para resolver la conflictividad social que está relacionada con los mismos en algunas zonas.

La iniciativa aprobada por la Cámara gallega apuesta por impulsar la tramitación de expedientes sancionadores derivados de la aplicación de la legislación autonómica para la prevención de incendios, tanto en los casos de denuncia de particulares como en la instrucción de oficio. Reclama, además, mantener los mecanismos de intercambio de información entre los agentes relacionados con la prevención y persecución de estos delitos y que se busque implicar a la ciudadanía en la defensa del monte.