La Junta de Andalucía seguirá adelante con el impuesto sobre depósitos bancarios, segura de que es absolutamente legal

La consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha manifestado que este gobierno regional va a seguir adelante y va a poner en marcha el impuesto sobre depósitos bancarios, convencido de que es absolutamente legal y que se enmarca perfectamente en las competencias de la comunidad.

La consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha manifestado que este gobierno regional va a seguir adelante y va a poner en marcha el impuesto sobre depósitos bancarios, convencido de que es absolutamente legal y que se enmarca perfectamente en las competencias de la comunidad.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Mar Moreno ha indicado que el "eventual" recurso del Gobierno de España contra dicho el impuesto "no aporta ninguna novedad sobre la hoja de ruta" que tiene el Ejecutivo andaluz en relación con el mismo.

Ha indicado que la Junta está convencida, desde el punto de vista jurídico, de que ese impuesto es absolutamente legal y que encaja perfectamente dentro de las competencias de la administración autonómica y que, desde el punto de vista político, las entidades financieras tienen que contribuir al erario público, al dinero de todos, "para ayudarnos a superar la situación económica".

En este sentido, la consejera ha afirmado que la Junta va a seguir apostando por este impuesto, como ya lo está haciendo Extremadura, cuyo impuesto fue recurrido por el Estado. "Y es lógico que se pueda recurrir el de Andalucía porque es muy similar en el planteamiento jurídico", ha apuntando Moreno, quien ha querido dejar claro que la Junta va a seguir adelante y va a poner en marcha el impuesto y que ya se verá lo que resuelven los tribunales en el caso de Extremadura, y de Andalucía, "si se formaliza el recurso".

Asimismo, ha expresado que no le cabe la menor duda de que la filosofía y el espíritu de este impuesto "no tiene que sonarle mal" al Gobierno socialista de España, que, no obstante, tiene unas coordenadas políticas, unas exigencias y unas reglas obligadas por la UE que no son las mismas que afectan a Andalucía.

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