La Delegación de Protección a las Víctimas de la Fiscalía de Málaga ha iniciado más de 60 diligencias de investigación desde la creación de este área hace casi un año, a finales de diciembre de 2009, según ha asegurado el fiscal responsable de éste departamento, Francisco Luque.

Según ha explicado, entre las diligencias ha habido asuntos relativos a testigos protegidos y acompañamiento a juicios, así como por retrasos en procedimientos judiciales o negociaciones para lograr indemnizaciones, mientras que las víctimas de la violencia de género se derivan a la Fiscalía especializada en estos casos.

Ha indicado a Europa Press que se trata "de un servicio adicional al procedimiento que permite poner en una situación algo menos incómoda al perjudicado cuando acude a los tribunales y hacérselo más llevadero", aunque en algunos casos "se han agotado toda las posibilidades y se puede hacer poco".

Según ha afirmado, en una primera fase se ha pretendido "hacer la máxima divulgación para llegar al público", para lo que, entre otras acciones, se ha informado a la dirección de la Clínica Médico Forense sobre este servicio "para que se pusieran en contacto con nosotros y poder incidir en la función informativa" respecto a las víctimas.

Asimismo, se dictó una nota para los fiscales, en la que se indica que cuando tramiten un asunto relacionado con delitos dolosos y violentos con resultado de muerte o de lesiones corporales graves o daños se informe, igual que cuando la víctima presente una situación de especial vulnerabilidad.

Así, en la misiva se precisa que en estos casos y desde el momento en el que tengan conocimiento de situaciones similares se debe indicar expresamente en el expediente que se trata de una víctima especial "para adoptar las medidas pertinentes de protección respecto a ellas".

Luque ha señalado que otra acción es revisar los procedimientos que llegan al juzgado de guardia para ver los que presentan una situación que se encuadre en el área "e informamos a las víctimas mediante una carta de los derechos que tienen y se les atiende", según las necesidades que puedan presentar.

En este sentido, ha apuntado que se informa a víctimas de robos, atentados contra la vida, delitos sexuales o si hay quebranto de su libertad por amenazas o coacciones sobre sus derechos "que van desde no encontrarse en los pasillos con los presuntos agresores hasta la posibilidad de una negociación en cuanto a la pena para ser oídas en ese trámite a efectos de responsabilidad civil para que quede satisfecha".

No obstante, ha apuntado, que en 2011 "pretendemos dar un paso más", que es coordinar a los fiscales o contactar con los que lleven ejecutorias "para que en aquellos supuestos en que procede la condena condicional pero no están satisfechas las responsabilidades civiles, el fiscal mantenga una postura de oposición hasta que no se paguen éstas".

"Es una forma de protección más clara y concreta porque se conseguiría una indemnización que en otros casos no se logra", ha destacado Luque, quien ha precisado que "observamos que cualquier multa de tráfico o incidencia las administraciones sí las están cobrando, pero que en el caso de los perjudicados, salvo que haya algún bien para embargar o créditos sobre los que actuar, se produce una declaración de insolvencia y aquí se queda".

A este respecto, ha manifestado que desde la Delegación de Protección de Víctimas de la Fiscalía malagueña "vamos a incidir en esto, porque nos parece importante y estamos dispuestos a llegar hasta el plazo de responsabilidad civil por prescripción, por lo que vamos a estar revisando".