La diputada de IU-ICV Carme García será la encargada de defender una moción con ese objetivo, después de que la semana pasada interpelara sobre el problema al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

En un comunicado, García destaca la necesidad de contar con información y datos fiables sobre un fenómeno que está experimentando un fuerte incremento, con implicación de las mafias.

Vulnerables y abocadas a la marginación

A su juicio, el actual desconocimiento y la falta de actuación del Estado y de las Comunidades Autónomas, "lejos de mejorar las condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos de estos colectivos, los aboca aún más a la marginación y los deja vulnerables ante las redes de tráfico y explotación sexual que proliferan día a día en España".

En su interpelación al ministro, la diputada coincidió con Caldera en la necesidad de luchar contra las mafias, pero recordó también que hay un porcentaje de mujeres que ejercen la prostitución de manera voluntaria y que requieren una regulación de su actividad.

Caldera no respondió directamente a esa propuesta y centró la actuación del Ejecutivo en la lucha contra las redes que trafican con personas con fines de explotación sexual, al tiempo que anunció la posibilidad de incluir a las personas que dejen la prostitución entre los colectivos beneficiarios de la renta activa de inserción.

El titular de Trabajo y Asuntos Sociales destacó también en el pleno la capacidad que tienen Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para actuar sobre la prostitución.

Si se acuerda estudiar el fenómeno de la prostitución en la Comisión mixta de Derechos de la Mujer, no será la primera vez que el Parlamento analice este problema, ya que en la pasada legislatura se creó en el Senado una Comisión especial de estudio sobre el tema.

A pesar de celebrar una treintena de comparecencias, la citada comisión no llegó a presentar su estudio final al disolverse las Cámaras con la convocatoria de las elecciones generales.