El PSOE y el PP han aprobado este viernes por consenso la cuarta modificación de la Ley del Principado de Asturias de Cajas de Ahorro con el objetivo de introducir seguridad al sistema, reducir incertidumbre, y aportar tranquilidad y confianza ante la actual situación de crisis económica, según ha argumentado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Lastra.

De este modo, la nueva ley ha contado con 36 votos a favor y cuatro en contra, los correspondientes a IU-Verdes y Grupo Mixto. Tanto el diputado del Bloque por Asturias, Roberto Colunga, desde el Grupo Mixto, como Jesús Iglesias, desde IU-Verdes, rechazaron la modificación por considerar que no es la adecuada. De hecho, desde IU se reprocha que el proyecto modifique "la naturaleza" de las cajas con las cuotas participativas de capital privado.

Iglesias defendió la necesidad de una banca pública frente a los intentos de privatización. Así apoya "el carácter público de las cajas, su compromiso con el territorio y con las actuaciones sociales y culturales", de tal forma que IU-Verdes "no puede compartir el proceso de bancalización de las cajas", afirmó.

Por parte del PP, Ana Barrientos defendió la modificación como necesaria para la actual situación económica. En una línea similar, el portavoz socialista, Fernando Lastra, afirmó que la reforma se hace para introducir seguridad al sistema y especialmente para garantizar la confianza, un concepto que considera "clave" y que sostiene "ha definido la historia de Cajastur".

Lastra ha recordado que una de las novedades son los derechos políticos de los cuotaparticipantes, una modificación que dice "se hace para que las cajas sean atractivas para los inversores, porque si no, a dónde van las cajas a buscar financiación". En la misma línea, destacó la profesionalización del modelo que supone la nueva norma.

El diputado socialista, que reiteró el "rigor" y "consenso" alcanzado entre las fuerzas políticas mayoritarias de la Cámara para sacar adelante la modificación, resaltó que el objetivo de esta reforma es adaptar la legislación asturiana a la legislación del Estado y avanzar en la profesionalización de la caja de ahorros de Asturias. Al respecto, Fernando Lastra resaltó que la reforma "no altera el carácter social" de la misma.

Esta cuarta modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro, admite la posibilidad de que las cajas "cedan" su negocio a una entidad bancaria creada ad hoc. También se reorganizan los órganos de gobierno, por razones de eficacia, para ahorrar costes y para profesionalizar la gestión, se da más peso a los impositores y pierden peso los 'políticos'. La representación de las corporaciones municipales en la Caja pasa del 27 al 20 por ciento.

Así, entre las características de la reforma destacan la posibilidad de ampliación de capital con cuotas participativas de carácter privado; la reducción de los miembros en la Asamblea, pasando de 300 a un máximo de 160 miembros (150), y en el Consejo de Administración de 30 a 21 como máximo (19); reducción de la representación de lo público, del 50 por ciento al 40 por ciento; la incorporación de entidades de interés colectivo o especial arraigo, como los Centros Asturianos; y la restricción de la incompatibilidad de los cargos electos y altos cargos de la Administración.

De este modo las entidades fundadoras, la Junta General y el Ayuntamiento de Gijón, contarán con un 20 por ciento de participación cada una en los órganos de gobierno de Cajastur; otro 20 por ciento será para entidades locales; un 10 por ciento de representación para los empleados; un 45 por ciento para los impositores; y un 5 por ciento para las entidades de interés colectivo o especial arraigo.