Ramón I.G., de 78 años, está acusado de golpearla con una maza, en varias ocasiones, tras una discusión, lo que le provocó la muerte. El matrimonio estaba separado desde la década de los 80 cuando aún residían en Francia, país en el fue condenado a 9 años de prisión por agresión sexual a cuatro de sus hijas, pero desde hacía año y medio convivían en la misma casa, aunque sin compartir el mismo dormitorio.

Tras los hechos, Ramón I.G. se desplazó hasta A Coruña para entregarse a la Policía, aunque antes, según la calificación fiscal, paró a tomar unos vinos. En su declaración, los hijos del matrimonio que aún viven, confirmaron la existencia de malos tratos hacia ellos y a su madre por parte de su padre, con el que ya no mantenían relación, según testificaron.

En sus calificaciones definitivas, el abogado del Estado mantuvo su petición de una condena de 15 años de prisión por un delito de asesinato, que la Fiscalía elevó a 18 años. Los abogados de las acusaciones particulares, que representan a los hijos, reclaman 19 y 25 años porque, en este caso, pide que se tengan en cuenta las agravantes de alevosía y ensañamiento.

Petición de la defensa

La defensa reclama, por su parte, la libre absolución o, subsidiariamente, que se le condene a cinco años de prisión por un delito de homicidio con las atenuantes de defensa y enajenación transitoria. El abogado del procesado sostiene que actuó en defensa propia, después de que la víctima, presuntamente, esgrimiese un cuchillo.

Todas las acusaciones rechazaron esta posibilidad, después de que los hijos corroborasen que la madre nunca se defendió de los malos tratos y que, debido a una operación en las manos, no tenía fuerza ni para cortar su propia comida. Así, el fiscal, en su intervención ante el jurado, sostuvo que el procesado ha mentido "siempre" sobre la forma en que se produjeron los hechos y ha señalado que su historia "no pasa el filtro del sentido común".

En el juicio, se han solicitado también indemnizaciones que oscilan entre los 6.000 euros de la Fiscalía para cada uno de los hijos y los 80.000 euros para cada hijo, que reclama una de las acusaciones particulares.