El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado por unanimidad de PP y PSOE la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha que, entre otros objetivos, busca garantizar el derecho universal a la protección social como derecho de la ciudadanía en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales y de la presente Ley.

Durante su intervención en el Pleno, el consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, que ha hecho un recorrido por la normativa que constituye la política social de la región, ha señalado que esta ley es fruto de la "reflexión de muchas personas" y ha asegurado que ésta tiene "la marca, el sentimiento y el conocimiento" de profesionales, asociaciones y colectivos que "están dando su vida" por hacer que los servicios sociales en la región tengan "la potencia que hoy tienen".

Lamata ha explicado que con la Ley de Servicios Sociales se da "un paso importante" en la universalización de las prestaciones sociales y ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha propuesto esta norma con el fin de consolidar los derechos sociales para que las personas que más lo necesitan tengan acceso a los servicios sociales.

La diputada regional del PSOE Matilde Valentín, que ha sido la encargada de defender el dictamen, ha destacado que se trata de un "día importante" para Castilla-La Mancha por debatir una ley "moderna, garantista, avanzada y de última generación". Es más, ha subrayado, hasta la fecha los servicios sociales se habían limitado a describir prestaciones, pero sin constituir derechos subjetivos en su bloque central.

Según ha recalcado, la presente ley incorpora un catálogo de prestaciones, establece deberes y derechos para las personas usuarias y para los profesionales. En la norma aparece asimismo el concepto de participación, se potencia el uso de las nuevas tecnologías, y se regula una historia social única, entre otras cuestiones.

Ley "manifiestamente mejorable"

La parlamentaria del PP María Crespo, que ha dicho que el PP ha presentado casi 80 enmiendas al proyecto, ha defendido que la Ley de Servicios Sociales es una norma "manifiestamente mejorable" y ha aseverado que los 'populares' no tienen claro la viabilidad económica del proyecto.

También ha criticado al Gobierno regional por publicitar dicha norma en los medios de comunicación sin antes presentársela al Grupo Parlamentario Popular y ha emplazado al Ejecutivo a comprometerse a pagar en tiempo y forma a "sus múltiples acreedores". A pesar de sus críticas, el PP ha decidido retirar sus enmiendas y dar su apoyo a la Ley.

Petición de barreda

Tras finalizar el debate, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha tomado la palabra para valorar la disposición del PP para aprobar la Ley y retirar sus enmiendas, marco que ha aprovechado para proponer a los grupos parlamentarios retrasar la votación del proyecto de ley con el fin, ha dicho, de incorporar alguna enmienda de los 'populares' en aras a mejorar todavía "más el texto".

Los portavoces de ambos grupos aceptaron la solicitud del presidente para suspender la sesión plenaria durante unos minutos y consensuar algunos aspectos de la ley. Así tras un receso de varios minutos, el PSOE admitió cuatro de las enmiendas vivas que quedaba del PP y ambos grupos decidieron incluir otras tantas transaccionales.

Barreda ha considerado que la Ley de Servicios Sociales es una de las normas "más importantes" que se han debatido y se debaten en las Cortes regionales porque, según ha dicho, tiene como objetivo "hacer todo lo posible para que la vida trate con dignidad a todos los seres humanos". Igualmente, Barreda ha valorado que el proyecto se apruebe por unanimidad porque "mejora la propia ley" y ha agradecido el trabajo realizado por muchas personas para que esta norma pueda aprobarse en las Cortes.

Objeto de la norma

La normativa pretende ordenar y estructurar el Sistema Público de Servicios Sociales y determinar el acceso y asegurar la atención social a través de las prestaciones garantizadas del Sistema Público de Servicios Sociales que se configuran como un derecho subjetivo, ejercitable en vía administrativa y judicial, así como de las prestaciones sociales que están condicionadas al cumplimiento de los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

Asimismo, tiene por objeto establecer el marco de la actividad de la iniciativa privada en materia de servicios sociales y fijar las condiciones de participación en la provisión de prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales así como definir criterios y garantizar estándares de calidad en la prestación de servicios sociales.

La presente norma consta de 92 artículos y se estructura en un título preliminar y trece títulos más, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final.