El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves la modificación de la ley del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) con el voto a favor de los grupos que apoyan al Gobierno, Partido Socialista (PSOE) y Partido Aragonés (PAR), y el rechazo de los grupos de la oposición, Partido Popular (PP), Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU).

La nueva ley equipara el nombramiento del director del INAGA al de director general del Gobierno de Aragón; modifica el silencio administrativo en determinados procedimientos de gestión ambiental, incluye nuevos procedimientos y acorta plazos, e incluye novedades normativas en materia de medio ambiente, producidas después de la creación del Instituto, entre otras cosas.

El diputado del PSOE, Javier Sada, ha explicado que la equiparación del director del INAGA a director general "no tiene otra función que homogeneizar los puestos directivos que viene teniendo el Gobierno de Aragón y no tiene consecuencia económica, ni de ningún otro tipo".

Además, la modificación legislativa pretende integrar los nuevos plazos de la legislación vigente, incluir las competencias que distintas leyes y disposiciones han añadido en los últimos años al INAGA y modificar el silencio administrativo para adecuarlo a distintas novedades normativas para dar "agilidad y eficacia en la gestión y tramitación de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente".

El diputado del PP, Javier Gamón, ha criticado que no se haya aceptado ninguna de las enmiendas presentadas por su grupo para opinar que las razones dadas para modificar la ley del INAGA son "poco relevantes para justificarla", además de que "hay otras formas de hacerlo".

También ha rechazado equiparar al director del Instituto con el cargo de director general porque supone "crear un nuevo alto cargo e incrementar los costes de administración", y no se le exigirá ser funcionario, por lo que ha trasladado su preocupación porque sea un "cargo y una nueva herramienta de poder político". "Esta no es nuestra forma de entender la administración pública y la política", ha dicho.

Retoque parcial

El diputado del PAR, Joaquín Peribáñez, ha manifestado que es necesario "retocar parcialmente" la ley del INAGA para adaptar los procedimientos del Instituto y "calificar, sistematizar e incorporar novedades normativas" con el objetivo de "facilitar y agilizar los trámites, con la reducción de plazos" y "atender mejor al ciudadano" y "en modo alguno se crea inseguridad jurídica".

Peribáñez ha recordado que el INAGA se creó en diciembre de 2003 para crear un "instrumento ágil" en la prestación de servicios públicos de gestión ambiental y se ha demostrado útil porque actualmente no hay "colapso" de expedientes, como había en ese momento.

El diputado de CHA, Bizén Fuster, ha mostrado su rechazo "a la práctica totalidad" de la modificación de la ley y ha estimado que "no tiene justificación" que el director de una entidad de derecho público "tenga rango de director general", al tiempo que ha precisado que la nueva ley modifica plazos de 16 procedimientos administrativos, lo que "generará en el futuro una grave inseguridad jurídica".

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha señalado que la reforma aprobada este jueves "no mejora en absoluto la legislación vigente". Según ha indicado, "no creemos que sea adecuado" el rango de director general para el director del Instituto, además de que se dan a este cargo competencias para resolver los procedimientos administrativos que los "van a hacer más farragosos" y que "no supone ningún avance".

Asimismo, la nueva ley modifica "a la baja" plazos de participación, información y resolución, con "una pérdida de control democrático en algo importante" como es la gestión ambiental, ha apuntado Barrena.