Un informe encargado por el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos ha advertido de que la facturación de las farmacias andaluzas caerá cerca de un 10 por ciento el próximo año como consecuencia del impacto de los reales Decretos-Ley 4/2010 y 8/2010, así como de los nuevos precios de referencia contenidos en la Orden Ministerial 3052/2010, que entrarán en vigor en marzo.

Según dicho informe, a la notable rigidez de los costes estructurales que tienen las farmacias, y que representan entre el 40 y el 60 por ciento de su margen bruto de explotación, estas caídas en la facturación "resultarán aún más traumáticas".

De hecho, pronostica que las caídas en la facturación se traducirán en la "generalización de los despidos entre personal adjunto y auxiliar", a la par que "se verán amenazadas la misma supervivencia de muchas farmacias modestas, singularmente las de los pequeños núcleos aislados de población, y poniéndose así en riesgo la capilaridad, la equidad y la cohesión del servicio farmacéutico a los ciudadanos".

De los agentes del sector, el informe revela que se verán "profundamente afectados" los laboratorios, "que se verán forzados a profundos procesos de reestructuración"; los distribuidores mayoristas, "que además de intensas caídas en su facturación, sufrirán una morosidad creciente y las consecuencias de un endurecimiento de los créditos" que soliciten, y de "forma especialmente intensa" las oficinas de farmacia.

El informe subraya que la gestión de la situación crítica que se avecina requiere "una actuación coordinada y responsable del conjunto de la profesión farmacéutica española", que sea sensible a la situación de crisis y a la necesidad de favorecer la austeridad y el uso eficiente de los recursos públicos, aunque inflexible en la defensa de la equidad del servicio farmacéutico para todos los ciudadanos españoles.

Este último aspecto conviene tenerlo especialmente en cuenta en una situación como la actual, donde se están produciendo iniciativas autonómicas, sin ir más lejos en Andalucía, que, según el informe, introducirían desigualdades en la prestación del servicio farmacéutico en función del territorio en que se viva.