El Bloc ha registrado en el Parlament una Ley, al margen del PSIB, para que se puedan convocar referéndums a nivel autonómico, insular y municipal en Baleares con carácter vinculante, siempre y cuando participe el 50 por ciento del censo electoral y las consultas populares hayan sido solicitadas por el 3 por ciento de la población del archipiélago.

En el caso de las islas, las consultas populares deberán ser reclamadas, a través de firmas, al igual que sucede con las iniciativas legislativas populares, por un 3 por ciento de la población de Mallorca; un 5 por ciento de la de Menorca e Ibiza y un 10 por ciento de la de Formentera.

A nivel local, tal como se establece con las iniciativas legislativas populares, podrán solicitar un referéndum el 20 por ciento de la población en aquellos municipios con menos de 5.000 habitantes; el 10 por ciento o 1.000 habitantes en las localidades con más de 5.000 vecinos; y el 5 por ciento de la poblaciones con más de 100.000 ciudadanos.

En una rueda de prensa, el parlamentario del Bloc Antoni Alorda ha subrayado que, en cualquier caso, la última palabra la tendrá el Parlament, los Plenos de los Consells Insulares o los Plenos de los Ayuntamientos que deberán avalar la celebración del referéndum con una mayoría simple, si bien, posteriormente, será el Consejo de Ministros el que debe autorizar la consulta popular, tal como establece la Constitución Española.

Por su parte, el portavoz del Bloc, Bien Barceló, ha admitido que ésta es la primera Ley que presenta su formación sin haberla consensuado previamente con el PSIB, a pesar de lo que establece el Pacto de Gobernabilidad firmado entre ambos partidos, si bien ha indicado que sí que ha informado a los socialistas sobre esta propuesta, aunque desconoce si la llegarán a apoyar.

"No nos vemos constreñidos a pactar con el PSIB, porque si no, sería imposible pactar políticas en materia del Sáhara; privatización de los aeropuertos o financiación autonómica", ha subrayado el portavoz del Bloc, quien ha recordado que ambas formaciones sólo tienen la obligación de pactar aquellas leyes que afectan al Govern y no aquéllas que se refieran a principios ideológicos.

Por su parte, el portavoz socialista en el Parlament, Antoni Diéguez, ha considerado, en declaraciones a Europa Press, de que esta propuesta del Bloc es "electoralista" y ha augurado que no será votada a lo largo de esta legislatura, teniendo en cuenta que "sólo quedan siete Plenos del Parlament", antes de que se convoquen las elecciones autonómicas de 2011.

Sin embargo, Barceló ha esperado que esta iniciativa se tramite y se vote antes de que finalice esta legislatura y, en este sentido, ha dicho que será una cuestión de "voluntad política que llegue a buen puerto". Por otra parte, ha criticado que, desde que se aprobara la Constitución Española, el Estado sólo ha convocado dos referéndums, referidos a la Constitución Europea y a la incorporación de España a la OTAN.

Alorda ha criticado que en los últimos años, no se ha desplegado la posibilidad contemplada en el Estatut de Autonomía de celebrar referéndums a nivel local y, por ello, ha justificado su iniciativa que pretende no sólo que se puedan convocar consultas populares consultivas y vinculantes en los municipios, sino también a nivel insular y regional, siempre y cuando sean avaladas por una mayoría simple de los Plenos del Ayuntamientos, los Consells y el Parlament.

Iniciativa "única" en el estado

El parlamentario nacionalista ha recalcado que la principal novedad y lo que hace que esta iniciativa sea "única" en el Estado, es que contempla la posibilidad de que se convoquen referéndums vinculantes, tal como sucede en Baviera o California, es decir, que lo que se decida, en caso de que participe un 50 por ciento del censo, tendrá que ser cumplido por las instituciones si tienen competencias en esa materia.

Alorda ha manifestado que la Ley que plantea su grupo también propone que en un futuro, se puedan llevar a cabo referéndums a través de la vía electrónica, mientras que, por otro lado, ha indicado que, en un principio, las consultas populares se podrían llevar a cabo conjuntamente aprovechando el día en el que se celebren las elecciones.

Entre las restricciones contempladas en la normativa, ha destacado que no se podrán llevar a cabo consultas populares al mismo tiempo en el que asunto sobre el que se quiere preguntar a la población está siendo tratado en el Parlament, en los Consells Insulares o en los distintos Ayuntamientos.

Asimismo, tampoco se celebrarán referéndums sobre aquellas cuestiones que las instituciones afectadas consideren que no son oportunos por ir en contra de leyes y normativas aprobadas previamente.