Durante los pasados tres, cuatro, cinco y seis de diciembre se cancelaron 95 vuelos en el Aeropuerto de El Altet (Alicante), por lo la Fiscalía —ya el mismo 3 de diciembre— decidió abrir diligencias para investigar si los controladores habían acudido a su puesto de trabajo en Alicante o si habían participado del abandono colectivo planteado por su colectivo profesional.

En este sentido, el fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, recibió un informe de la policía judicial que destacaba que los trabajadores "fueron a su turno" y "no desarrollaron una postura obstructiva", pero que el cierre del espacio aéreo español les impidió realizar su trabajo.