Román dice que los beneficios o perjuicios de la operación Crucero Banús no dependían de Roca

El ex primer teniente del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Pedro Román ha declarado en la sesión de este miércoles en el juicio del caso 'Malaya' que los beneficios o perjuicios en la operación Crucero Banus, que tuvo lugar en septiembre de 2001, "no dependían para nada en absoluto" de Juan Antonio Roca, supuesto cerebro de la trama de corrupción, sino "del mercado".

Román, que ha sido el segundo acusado en declarar en el juicio contra la presunta trama de corrupción marbellí, ha explicado que tanto los beneficios como los perjuicios dependían "de una palabra que está muy de moda ahora, que se llama mercado y de cómo estuviera en ese momento para ganar mucho, ganar poco o perder dinero".

Preguntado por una supuesta influencia de Roca, responsable entonces de la sociedad Planeamientos 2000, en la viabilidad del negocio en cuanto a la obtención de la licencia, ha asegurado que "en el mercado, todavía no se le ha acusado que yo sepa, pero no creo que tuviera ninguna influencia".

Román, que se enfrenta a una petición de 21 años de cárcel por delitos contra la hacienda pública y un delito de blanqueo, con una multa de 14,6 millones de euros, ha insistido en que lo "único" que hizo en la citada operación "es formar el grupo inversor y desentenderme de la tramitación posterior", agregando que "no tuve contacto con nadie al respecto".

Además, ha afirmado que "siempre" ha sido asesor de las empresas familiares y que "las decisiones finales las toma el administrador de la sociedad", por lo que ha precisado en esta sesión del juicio que personalmente no hacía las inversiones de las sociedades, insistiendo en que el dinero que procedía de Suiza "ha sido con todos los sacramentos legales".

El ministerio fiscal señala en sus conclusiones iniciales que el objetivo de la operación era revender la parcela "garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado". El precio de la operación fue de 4,3 millones de euros y el perjuicio para las arcas municipales de casi cinco millones de euros, mientras que los acusados lograron, según la acusación, un beneficio de más de seis millones.

En relación con el reparto de los beneficios que pudiera reportar ha asegurado que se hace una distribución de las cantidades en Suiza pero la hacía "el administrador de la sociedad". "Era una fórmula matemática" el hecho de repartir los beneficios en función del porcentaje de inversión y "en todo caso era el administrador suizo" el que lo hacía, ha manifestado el ex concejal.

El acusado, que estuvo como concejal marbellí desde 1991 a 1998, ha reiterado, al igual que lo hiciera en la sesión del pasado martes, en que no tuvo ninguna participación en el convenio que se llevó a cabo y en que éste estaba negociado. "Si a mi me dicen que eso estaba negociado y que había que pagar 240 millones de pesetas, y que de momento había que pagar 40, pues no me preocupé de más, simplemente que al hacer traslación estuviera firmado el convenio", ha dicho.

Preguntado por el abogado de la Junta de Andalucía, que ejerce de acusación popular, por el empresario acusado José Ávila Roja, ha afirmado que lo que se le vendió fue "el solar con los derechos y obligaciones que tenía el mismo, es decir, el solar con el convenio que se había pagado 40 millones de los 240", recordando que: "creo que la licencia no estaba concedida cuando se lo vendimos".No obstante, ha hecho hincapié en que no negoció con Ávila Rojas.

En este aspecto, ha descrito que una vez que se hubo pactado, si le comentó a Avila Rojas o al letrado Juan Hoffman, acusado también, que le dijera al empresario que no se iba a vender el 100 por cien sino el 90 por ciento". "Eso sí lo dije yo", ha señalado.

Asimismo, el ex primer teniente de alcalde marbellí ha reiterado que "jamás" podía tener "sospecha" de que los cheques de Roca pudieran venir de alguna actividad delictiva, al tiempo que ha puntualizado que no fueron rechazados por parte del banco.