La Fiscalía de Málaga ha citado a declarar la próxima semana, los días 22 y 23, a tres controladores del aeropuerto de Málaga por un presunto abandono del servicio durante la tarde del viernes 3 y del sábado 4, según han informado fuentes fiscales, quienes han precisado que otras 11 personas, que también alegaron casi todas motivos de enfermedad esas jornadas, serán citadas en días sucesivos.

El ministerio público decidió el martes día 7 abrir diligencias de investigación para averiguar si en el control de aeródromo o torre o en el de aproximación del aeropuerto de la capital existió algún abandono del servicio por parte de los controladores y para determinar si las incidencias que tuvieron lugar fueron consecuencia de esto o por un no funcionamiento del centro de control de Sevilla.

Para ello, solicitó a la Dirección de Navegación Aérea que informara de si se produjeron abandonos o dejación de funciones en los turnos de tarde o noche del viernes y en la mañana del sábado. Este organismo, según han precisado a Europa Press las mismas fuentes, ha respondido con una relación de 14 personas, la mayoría de las cuales alegaron motivos médicos, que no han sido confirmados.

Las fuentes han señalado que en el informe remitido por Navegación Aérea se precisa que de seis controladores del turno de tarde del viernes, tres notificaron incapacidad para prestar el servicio; mientras que en el turno de noche fueron cinco de seis y en el de mañana del sábado, seis de nueve los controladores que alegaron esta circunstancia.

Además, indicaron que se entiende que esto, unido a la incidencia en el centro de control de Sevilla influyó en la paralización del aeropuerto malagueño. Así, los controladores han sido citados a comparecer con abogado el día 22 o el 23 con el fin de no incidir en el servicio.

La Fiscalía malagueña sostiene que podría tratarse del delito del artículo 409 del Código Penal, que se refiere a "las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizasen el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público". En este caso, se prevé multa de ocho a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Asimismo, en un segundo apartado de dicho artículo se habla de "las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad", para los que se fija una pena de multa, que oscila entre los ocho y los 12 meses.