La Ley de organización y funcionamiento de la Administración general y el sector público autonómico recibe este martes luz verde definitiva con los votos favorables del PPdeG y a pesar del rechazo de los grupos de la oposición —PSdeG y BNG—, que han lanzado duras críticas contra una norma que ambos han tachado de "auténtica chapuza".

Como ya ocurrió en el debate en comisión del proyecto de ley, donde PSdeG y BNG demandaron la devolución del texto por sus "problemas de forma", los grupos de la oposición han insistido este martes en que esta norma "no mejora para nada" la relación de los ciudadanos con la administración y supone "la peor vuelta al pasado".

"No simplifica los trámites y tiene una clara deficiencia en el ámbito de la administración autonómica", ha lamentado el portavoz del PSdeG en el debate, José Manuel Lage Tuñas, antes de denunciar que tanto los populares como la Xunta tienen "alergia a la transparencia", por lo que "no aceptaron" las enmiendas presentadas por la oposición para mejorar este extremo.

Convencido de que el PP "impidió" trasladar la transparencia a la administración paralela, Lage Tuñas ha cuestionado que los principios de esta ley se ajusten a la "austeridad" que propugna el Gobierno gallego y su titular, Alberto Núñez Feijóo. "Señor Rueda, hay que pasar de la propaganda a los hechos", sugirió al conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, presente en el debate.

Al respecto, el socialista ha remarcado que la nueva norma "aumenta discrecionalmente" el número de altos cargos en la administración autonómica, al tiempo que "crea y consolida por ley" la figura de los delegados y de los jefes territoriales como órganos de dirección y permite que haya altos cargos que cobran más que Feijóo.

Lage Tuñas ha señalado que, actualmente, existen "más de 20 altos cargos" en esta situación en la Xunta e insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo para poner "como límite" la retribución del presidente, propuesta que no aceptaron los populares, ya que, según ha defendido el diputado del PPdeG Antonio Rodríguez Miranda, la nueva ley establece como norma general que ningún cargo cobre más que el jefe del Ejecutivo y obliga "a justificar las excepciones".

Debate sobre aceousa

Por su parte, el portavoz del BNG en el debate, Alfredo Suárez Canal, ha centrado su intervención en la propuesta de supresión de la sociedad pública Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense (Aceousa), insistiendo en que el "vicio de forma" vinculado con esta pretensión debería haber obligado a devolver el texto a la Xunta.

Como se hizo público en la comisión del pasado 30 de noviembre, la intención del PP era suprimir Aceousa y la Sociedade Pública de Investimentos (SPI) e integrar ambas en la Axencia Galega de Infraestruturas que se crea a través de la Ley de Administración Pública, pero la Xunta advirtió de que ese cambio obligaría al Gobierno autonómico a devolver más de 20 millones de euros a Hacienda en concepto de IVA.

Por ello, el PP, que había presentado una enmienda para la supresión de estas entidades, la retiró. En esta jornada, Rodríguez Miranda ha insistido en que lo que ocurrirá es que las competencias de Aceousa se integrarán en la agencia de infraestructuras, mientras que su patrimonio irá a la SPI. "Y el tiempo dirá quien tiene la razón, a ver si la comunidad tiene o no que pagar algo", ha advertido, frente a las críticas vertidas por la oposición.

Más allá del debate sobre la supresión de Aceousa, Suárez Canal ha advertido de que no hay "una hoja de ruta" para articular un sector público "racional" y ha remarcado que la ley "consolida el aumento de categorías" de altos cargos "entre un 40 y un 50 por ciento". "Es una vuelta rotunda al pasado, parece que hay nostalgia del funcionamiento de la administración de la época franquista ha resumido", ha lamentado.

"profesionalización" de la administración

Frente a las duras críticas de la oposición, Antonio Rodríguez Miranda se ha reafirmado en que esta ley "es buena" ya que se "profesionaliza" la administración. Así, ha defendido la figura de los delegados y de los jefes territoriales puesto que —ha alegado— "lo que antes hacía un político, ahora lo hace un funcionario".

Del mismo modo, ha proclamado que "se acabó la barra libre y los vacíos legales" porque ahora los gobiernos "no podrán crear todos los entes que les venga en gana", se evitarán "duplicidades" y no se volverá a "hablar de chiringuitos", sino de Administración de la Xunta.

Por último, el parlamentario popular ha destacado lo "dialogante" del proceso de tramitación de esta ley, en la que se aceptaron "hasta 36 aportaciones" de la oposición.