La Audiencia de Valladolid suspendió nuevamente, y ya van tres veces, el juicio previsto para hoy contra el que fuera administrador de las sociedades Haughton Consulting S.L. y Covington S.L, Vicente S.I, a quien el Ministerio Fiscal solicita una pena de cinco años de cárcel por estafar en 1997 más de 631.000 euros a medio centenar de cooperativistas a quienes ofreció chalés y viviendas en la Cuesta de La Maruquesa de Valladolid, pese a no ostentar la titularidad de los terrenos.

La nueva suspensión se produjo después de que el abogado de oficio que defiende al imputado—es el tercer letrado que se ha hecho cargo de su defensa a lo largo del proceso—presentara documentación de última hora, en total 700 folios correspondientes a 233 documentos o facturas, que, según sostiene el defensor, justificarían que el 94 por ciento de la cantidad supuestamente estafada se destinó a sufragar gestiones e incidencias surgidas durante la referida promoción inmobiliaria, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Ante la aportación de la nueva prueba documental, la representante del Ministerio Fiscal solicitó a la sala la suspensión del proceso—estaba previsto que se desarrollara hasta el viernes con el interrogatorio de un centenar de testigos—para retrotraer todo lo actuado al Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid para que éste practique una instrucción suplementaria consistente en una prueba pericial contable de las facturas aportadas.

De esta forma, la Sala, con el visto bueno de la acusación particular, que pide 12 años de cárcel para el imputado, y de las defensas, la del propio procesado y las de las sociedades Haughton Consulting S.L. y Covington S.L, aceptó la suspensión del juicio planteada por la acusación pública al objeto de verificar la nueva documentación presentada.

El proceso judicial se remonta al año 1997 cuando el acusado, Vicente S.I, por aquellas fechas administrador de Haughton Consulting y de Covington y dedicado a la promoción y comercialización de inmuebles, publicitó la construcción de 52 chalés adosados y 30 viviendas de Protección Oficial en la Cuesta de La Maruquesa, en Valladolid capital, con el reclamo de ostentar la propiedad de los terrenos en los que se tenía previsto ejecutar el proyecto.

Así, los ciudadanos interesados constituyeron la Sociedad Cooperativa Limitad de Viviendas Ciudad de Valladolid, con sede en el número 19 de la calle Santiago, lugar en el que tenían su sede Haughton y Covington. La primera de ellas firmó entonces un contrato por el cual asumía la gestión de la cooperativa y compraba a la segunda sociedad la finca en la que se iba a edificar el proyecto.

De este modo, los cooperativistas aportaron a Haughton un total de 140.131 euros y a Covington 260.045 euros. A su vez, los compradores de los chalés entregaron a cuenta de los mismos a Covington unos 480.000 euros.

Sin embargo, con el paso del tiempo, y dado que no se construían las viviendas, los afectados descubrieron que las fincas sobre las que se asentaba el plan parcial no eran propiedad de Covington sino de otra empresa llamada Edison S.A, sobre las cuales la primera sólo tenía un contrato de opción de compra que no llegó a prosperar.

La tesis del Ministerio Fiscal es que el procesado "manejó a su antojo el dinero recibido, reteniéndolo para sí", de ahí su petición, con carácter provisional, de una pena de cinco años de cárcel por delito de estafa y la obligación de indemnizar con más de 630.000 euros, con responsabilidad directa de ambas sociedades, al medio centenar de cooperativistas y compradores afectado, que entregó cantidades de entre 9.466 y 18.030 euros.