La Generalitat es partidaria de que las faltas de civismo consten en los informes en base a los cuales se determina si un inmigrante logra el arraigo (y los papeles, a la larga) o el reagrupamiento familiar. De hecho, ayuntamientos como el de Barcelona ya están emitiendo informes negativos cuando el inmigrante acumula cuatro faltas o más.

El Estado debe decidir si concede el arraigo del inmigrante a partir de un informe que elaboran los ayuntamientos. Las administraciones locales deben incluir, por ejemplo, los antecedentes penales. Ahora bien, actualmente, los municipios hacen constar también si se han infringido las normas de civismo, como orinar en la calle o la venta ambulante.

Ir caso por caso

"Son datos objetivos", argumentaba a 20 minutos el secretario de Inmigració en funciones de la Generalitat, Oriol Amorós, quien veía la medida "razonable". Ahora bien, advertía que actualmente los municipios ya informan sobre las infracciones de civismo y rechazaba la creación de una normativa específica defendiendo que se siga evaluando "caso por caso".

El PSC de L’Hospitalet de Llobregat presentará en el próximo pleno del 21 de diciembre una moción para que el ayuntamiento de la localidad proponga al gobierno central que estos criterios se apliquen por norma; es decir, que se incluyan en el nuevo reglamento que desarrollará la Ley de Extranjería, reformada hace un año. L’Hospitalet pide que se especifique si el solicitante del arraigo o del reagrupamiento familiar tiene "sanciones firmes" por incivismo y defiende la medida para evitar "la criminalización de determinados colectivos en función de su origen".

Algo que, precisamente, SOS Racisme denuncia que pasará. "No solucionará los problemas que tenemos de convivencia e incivismo y, en cambio, interferirá en el proceso de las personas que quieren regularizar su situación", alertaba la portavoz de la entidad, Alba Cuevas. "Un ciudadano autóctono pagará sólo una multa, el inmigrante quedará en una situación de total vulnerabilidad, es desproporcionado", lamentó Cuevas.

De los 1.967 expedientes que abrió L’Hospitalet el año pasado, sólo el 8% correspondían a incivismo y falta de convivencia (sin disgregar por nacionalidades). Para SOS Racisme, estos datos demuestran que "se trata de una excepción" y, por tanto, exponen que la propuesta de incluir las faltas de civismo en los informes para los inmigrantes "tiene un trasfondo electoralista". El secretario de Immigració, Oriol Amorós, alertaba del peligro de que se relacione incivismo con la inmigración.