El BNG pide a la Xunta agilidad para tramitar el "salario de la libertad" de mujeres maltratadas y un mayor presupuesto

Apunta que en 2010 hubo menos órdenes de protección motivadas por la pérdida de capacidad para denunciar debido a la crisis
Ana Pontón, Diputada Del BNG
Ana Pontón, Diputada Del BNG
BNG
Ana Pontón, Diputada Del BNG

La diputada del BNG Ana Pontón ha llevado a la Cámara gallega una iniciativa para instar a la Xunta a que actúe para evitar que la actual situación de crisis no limite la capacidad de las mujeres que sufren violencia de género para acabar con esta situación y denunciar.

Para ello, ha defendido el papel del "salario de la libertad" como instrumento para dar seguridad a las mujeres a la hora de denunciar, aunque ha reclamado una mayor agilidad en su gestión y un incremento de su dotación presupuestaria.

De este modo, ha reclamado que el acceso efectivo a las prestaciones no dependa de la época de año en la que se solicitan pues, según ha destacado Pontón, "a veces pasan muchos meses sin que las beneficiarias cobren sus partidas".

Por ello, ha pedido que se amplíe el plazo a todo el año y no se limite a la fecha establecida entre el 1 de abril y el 31 de octubre, junto a lo que ha demandado fijar un plazo máximo de 30 para la resolución y pago de las ayudas desde el momento de su solicitud.

Asimismo, la diputada nacionalista ha demandado incluir en el cálculo a las personas mayores de 18 años, cuando estas dependan económicamente de las víctimas.

Disminución de órdenes de protección

Sobre esta cuestión, Pontón ha remarcado que durante 2010 se produjo una disminución en el número de solicitudes de órdenes de protección, al pasar de las 1.390 que se registraron a finales de 2009 a las 1.087 que constaban a finales de noviembre de este año. Así, nacionalista la diputada ha advertido de que estos datos "no van parejos con un disminución de los casos de violencia machista".

Según ha apuntado el BNG, la Secretaría Xeral de Igualdade ha reconocido que atribuyó estas cifras a la crisis económica, por lo que Ana Pontón ha reclamado al Gobierno gallego que considere esta situación "una prioridad", puesto que, a su parecer, "las administraciones públicas tienen la obligación de evitar que la falta de independencia económica constituya una barrera a la hora de normalizar la vida de muchas mujeres que viven en el infierno de padecer la violencia en su día a día".

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